No fueron palabras al viento, no fue una entrevista más. Hay consenso en que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, buscó fijar públicamente una línea a seguir en los sonados casos de financiamiento irregular de la política, una bajada de cartas que no fue tan bien vista en el oficialismo, porque, si bien devela un realismo jurídico, el momento no fue el oportuno, consideran que debió ser más cauteloso, menos evidente, para no alimentar la desconfianza pública ante posibles arreglos tras bambalinas de la elite política para dar vuelta la página de una vez por todas a los procesos que los tienen en las cuerdas. Pero, sobre todo, preocupó la lectura entre líneas y que tras este sinceramiento esté la ansiedad de alguien que quiere cerrar todo antes de dar un paso al costado.
“Solo espero que no duren siete años. Al contrario, queremos buscar la fórmula para acotar esas investigaciones y darles un pronto término”, sentenció Abbott el domingo 27 de marzo en el cuerpo de Reportajes de La Tercera.
No fueron pocos los que en el Gobierno vieron en sus palabras la señal clara de alguien que no tiene mucho tiempo, que se maneja con un horizonte más breve de trabajo que los ocho años de rigor que dura el cargo en el papel y que quiere, por lo mismo, dejar todo cerrado antes de eso.
El 1 de enero, solo un mes después de haber asumido, el Fiscal Nacional sufrió un infarto agudo al miocardio, estuvo hospitalizado en el Hospital Naval de Viña del Mar, estuvo con licencia un mes completo para recuperarse y, desde entonces, se instaló la duda en el ambiente acerca de si contará con la salud necesaria para soportar la presión de llevar las riendas del Ministerio Público. Sobre dicho punto, Abbott dijo en la cuestionada entrevista que “es muy difícil que yo abandone el servicio público, salvo que tenga una razón de riesgo vital para hacerlo. En caso alguno lo tengo. En consecuencia, no ha estado en ningún momento en duda mi continuidad. Ni siquiera me lo ha planteado mi familia”.
Pero a renglón seguido, reconoció que “sí se me ha recomendado bajar los ritmos de trabajo, que son bastante intensos. Ahora, los médicos me han recomendado bajar ese ritmo de trabajo”.
En los círculos de la Fiscalía Nacional aseguran que el estado de salud de Abbott es de cuidado, pero descartan que tenga un problema mayor que el que enfrentó hace algunos años, cuando se puso el primer baipás y agregan que el abogado no estaría pensando en retirarse a menos que su salud lo obligue, tal como lo reconoció en la entrevista.
Pero en La Moneda hay quienes consideran que no se puede descartar que el Fiscal Nacional busque, en el mediano plazo, dar un paso al costado. “Sus palabras reflejan que no tiene mucho tiempo, que siente que tiene que sacar todo rápido, hay ansiedad en él”, sentenciaron en Palacio.
No sería inmediatamente, claro está, sino que en el Gobierno creen que se trata de un plazo de dos a tres años aproximadamente. Eso independientemente del hecho de que la autoridad, que tiene 68 años, deberá jubilar por ley a los 75, lo que se hará realidad doce meses antes que termine legalmente su mandato. “Se quiere ir antes de eso”, recalcaron en el Ejecutivo.
No eternizar las causas más complejas y su salud, son dos elementos clave en la impronta de conducción de Abbott. En el Ministerio Público aseguran que el fiscal pretende “no hacerse mayores problemas, no se va quemar la cabeza, va a ser como Piedrabuena: sin fuerza”.
Esa intención de no hacerse “demasiada mala sangre” es coincidente con lo que –según fiscales del Ministerio Público– se aprecia en su forma de ejercer el liderazgo: sin asumir mayor protagonismo, salvo conceder algunas entrevistas como la del domingo, para bajar sus cartas. Que su idea es dirigir la institución, pero no participar directamente de ninguna investigación, algo así –graficaron– como "ser el responsable de crear la carta de navegación, pero no comandar ningún buque".
Su idea sería la de delegar el trabajo en los fiscales regionales. Si bien efectivamente es consultado para las grandes decisiones, su estilo apunta a dejar actuar a los fiscales, aun cuando no esté muy convencido de sus orientaciones. Por eso, la necesidad de marcar la pauta de conducta a los fiscales.
Explicaron en el Ministerio Público que es así como ha llevado a cabo el caso SQM, ya que más que imponer su sello al fiscal Pablo Gómez, lo que sucede es que hay plena sintonía con el abogado, quien coincide con su convicción jurídica de cerrar todos los casos, no dilatarlos y por eso es que Abbott lo respalda.
Así, entre los fiscales consideran que es bien factible que logre llevar a cabo este plan. Eso, porque desde el círculo interno del Fiscal Nacional afirman que lo que más tiene a su favor es el hecho de que “no es presionable”, es una persona que no tiene nada que perder, que no busca dejar un legado ni tampoco tiene muchas expectativas, porque está al final de su carrera.
Una gran diferencia con el estilo de su antecesor, Chahuán, que le quedan dos décadas por delante y, por lo mismo, necesitaba dejar una impronta pública. Por eso, Abbott puede sentarse y decir públicamente, por impopular que sea, que busca acotar las investigaciones.
Error de cálculo
Al día siguiente de la entrevista, el ministro del Interior, Jorge Burgos, dijo que no había nada nuevo en las declaraciones de Abbott, que el Fiscal Nacional siempre había fijado ese criterio, que era algo sabido.
No se equivocaba la autoridad DC y en el propio Gobierno recuerdan que, cuando expuso en octubre del 2015 su plan de trabajo ante la comisión de Constitución del Senado, los parlamentarios de la Nueva Mayoría y de la Alianza quedaron conformes y tranquilos con este criterio de poner el acento en no eternizar causas como Penta y SQM.
El papel de Chahuán fue clave en el cambio de candidato. Si bien su opción original era Alberto Ayala, la sobreexposición experimentada con el caso Penta y la disputa pública con el fiscal Carlos Gajardo, lo llevó a buscar un reemplazo, que tuviera un perfil distinto, sin gusto por la exposición ni por los medios, pero que estuviera dispuesto a "hacer lo necesario en el momento indicado", es decir, Abbott, que fue el que finalmente propuso a Bachelet.
En el Gobierno reconocieron que las palabras del Fiscal Nacional el domingo reflejan fielmente las conclusiones jurídicas que se ha hecho sobre las causas de mayor connotación pública, que en su fuero interno sabe que la mayoría no terminará en cárcel sino que, cuando mucho, en reprimendas y multas, por lo que no considera óptimo destinar recursos en procesos que no llegarán a nada, porque son muy difíciles de probar jurídicamente (como el cohecho) o porque la ley no los sanciona. Así lo explicó en la entrevista: “Investigar intensamente todas las aristas que se presenten, pero tomando decisiones rápidas, porque tenemos equipos de personas que son importantes para la institución y que se están desviando de la investigación de otro tipo de causas que también son importantes”.
Pero de lo que tomaron nota principalmente en el oficialismo, fue del nítido rayado de cancha que hizo a los fiscales. “Nosotros no podemos, a través de nuestras acciones, afectar instituciones fundamentales de la República. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido (…) tenemos un deber superior, que es el deber de objetividad como agentes del Estado que somos, y que tenemos a nuestra disposición todos los órganos del Estado para poder investigar. Eso nos pone en una situación distinta a cualquier otro litigante. En consecuencia, nuestra litigación debe ser de carácter bastante más prudente de lo que a veces vemos”, precisó Abbott.
En el Gobierno explicaron que ese es uno de los objetivos centrales del Fiscal Nacional, precisamente ordenar a nivel interno la forma de trabajo, frenar las filtraciones de los antecedentes de las carpetas y, junto con ello, imponer un estilo de “fiscales serios”, un sello que gira en torno al criterio de que “la Fiscalía no es para lucirse”, por lo tanto, apunta a que sean menos mediáticos, un modelo en el que no cuaja –agregaron– el fiscal Carlos Gajardo.
Si bien en La Moneda no se mira con malos ojos el plan de Abbott, reconocieron que “no había justificación práctica”, no era necesario ni imprescindible hacer una bajada de cartas tan evidente, menos en este momento, que su entorno no debió permitirle ser tan explícito en sus declaraciones, porque con ello se perjudicó, se restó margen de acción y demostró falta de habilidad.
Desde el oficialismo muchos parlamentarios de distintos partidos se sumaron en reserva a criticar el despliegue del Fiscal Nacional. Que no correspondía que “públicamente acote los procesos”, que es una pésima señal que se muestre con la “intención de cerrarlo todo” y que, si bien se entiende que su objetivo es resguardar las instituciones, no debió dar una señal así de confusa que fomenta la desconfianza de la opinión pública.
En la derecha también hubo reproches. El senador de RN Manuel José Ossandón criticó que Abbott "se está metiendo en asuntos que no le corresponden, porque la Fiscalía no tiene por qué andar protegiendo instituciones, tiene que investigar, por lo tanto, yo creo que acá hay gato encerrado (…) el fiscal no puede decir que tiene que acotar y cerrar investigaciones. Aquí hay que llevar a cabo estos procesos como corresponden y no pretender que existan ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría”, sentenció.
FUENTE: EL MOSTRADOR
