Frente Amplio Unitario

Conozca la lista de quienes podrían ser sometidos a juicio al derogarse la llamada Ley de Amnistía de la dictadura

15/09/2014 |

Por Equipo Cambio21

El debate sobre la anulación o derogación de la norma trajo como efecto inmediato el querer saber quiénes fueron favorecidos con esta ley y que ahora podrían ser acusados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, por los que no tuvieron castigo.

Con la idea de un grupo de parlamentarios que pretenden que en Chile se anule la ley de amnistía, promulgada durante la dictadura, es que aparecen dudas respecto de la real legalidad de esta norma, además, de ser así, existe la posibilidad de reabrir casos de derechos humanos que no han podido ser resueltos por la existencia de dicha ley.

 

Esto se suma al llamado que realizó la Presidenta Bachelet a que quienes tengan información sobre los actos de violaciones a los derechos humanos, la hagan llegar a la justicia para que se pueda avanzar en aquellos casos que están pendientes y que se necesitan más antecedentes para poder dar una respuesta a quienes fueron víctimas de estas acciones.

 

Sobre esto, Hugo Pavéz, abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en entrevista con Cambio21 expresó que "la diferencia fundamental entre la ley y el decreto de ley es el órgano del cual emana, pues en la primera, es la nación la que se manifiesta a través de una formalidad que se contiene en la Carta Magna, la que regula las relaciones en la sociedad y la segunda es de los dictadores, que son los que se expresan por decretos de leyes".

 

El Decreto de Ley de Amnistía se creó a fin de proteger a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden de las acusaciones que se les pudieran hacer por los actos de violación a los derechos humanos que habrían cometido en esta época, la que se hizo extensiva a civiles que apoyaron el golpe y el gobierno militar.

 

Es necesario determinar la diferencia entre anular y derogar, como lo explicó Pavéz: "La derogación es la facultad en la que una norma se deja sin efecto no obstante que era válida, pero que se consideró necesario que no siguiera rigiendo y la diferencia fundamental es que si se declara la nulidad, es que un acto jurídico, cuando hay vicios de tal magnitud que no pueda considerarse válido, en este caso de derecho público, esa norma nunca tuvo eficacia y no pudo aplicarse y si se aplicó se hizo mal. En cambio, si una norma se deroga, todo lo que se hizo mientras existió, es válido".

 

Con respecto al mismo tema, Nelson Caucoto, abogado de derechos humanos, comentó a Cambio21 que "lo más importante es la anulación del decreto de ley de amnistía, porque esto no pone en peligro a nadie, sino que desaparece el decreto de ley de amnistía". A esto agregó que "sea que se anule o no la ley de amnistía, los jueces han reabierto los casos que se han cerrado, pero van a tener menos obstáculos para reabrir los que hayan sido amnistiados y que se han cerrado por sobreseimiento".

 

En cuanto a quiénes podrían ser las personas a las que se les quitaría el beneficio de la amnistía que alguna vez se les otorgó, Mariano Ruiz Esquide, uno de los impulsores de esta moción, explicó a Cambio21 que "no es esa la intención que tenemos al presentar el proyecto y que la Presidenta ha tomado para ponerle una urgencia y un debate parlamentario y legislativo por todo lo que señala la ley correspondiente. No podemos decir, yo no lo diría tampoco, porque no sé cuáles serían las personas que serían afectadas. Si fuera así y alguno de nosotros diera algún nombre, la verdad es que estaríamos faltando al valor ético que tiene esta presentación, porque aparecería como una persecución personal y no es ese el tema".

 

Atrapados en Chile

 

Aunque los que impulsan esta propuesta no quieren entregar nombres sobre quienes se tendrían que enfrentar a la justicia de ser anulada la Ley de Amnistía, hay algunos nombres conocidos a los que esto les puede afectar y que hasta ahora no pueden salir del país, ya que tienen orden de captura internacional en su contra y que serían detenidos por su vinculación con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

 

Cuando se inició el proceso contra Augusto Pinochet en 1998, el juez a cargo, Baltasar Garzón, requirió a 38 chilenos. Entre ellos, ya hay 24 exmilitares que han sido procesados por atropellos a los derechos humanos: Sergio Arellano Stark, Sergio Arredondo, César Benavides Escobar, Herman Brady, Washington Carrasco Fernández, Manuel Contreras, Álvaro Corbalán, Pedro Espinoza Bravo, Francisco Ferrer Lima, Gerardo Godoy García, Eduardo Iturriaga Neumann, Miguel Krassnoff, Odlanier Mena (fallecido), Fernando Laureani, Ricardo Lawrence, Jaime Lepe Orellana, René Quilhot Palma, Manuel Rodríguez (El Polaco), Osvaldo Romo (fallecido), Hugo Salas Wenzel, Guillermo Salinas Torres, Fernando Torres Silva, Santiago Sinclair y Rolf Wenderoth Pozo.

 

De los que quedan en la lista, hay tres fallecidos: Humberto Gordon Rubio, Gustavo Leigh y Javier Palacios.

 

El resto, exmilitares y civiles que desempeñaron cargos políticos y que tienen orden de captura internacional, son: Ernesto Baeza (general (r) de Ejército), Pablo Belmar (brigadier de Ejército), Sergio Fernández (exsenador UDI), Sergio Onofre Jarpa (fundador de RN y exsenador), Mónica Madariaga (fallecida), Fernando Matthei (excomandante en jefe de la FACh) y Rodolfo Stange (exgeneral director de Carabineros y exsenador de la UDI).

 

En ese grupo de conocidos políticos y militares que no pueden abandonar el país, también están otros que son requeridos por la justicia francesa, que busca a los responsables de la desaparición del doctor Jorge Klein, Etienne Pesle y Alfonso Chanfreu. Entre estos personajes solicitados por la justicia gala, algunos nombres se repiten, está el ya mencionado general (r) Javier Palacios (fallecido), y Rafael Ahumada Valderrama; Emilio Sandoval Poo y Andrés Pacheco Cárdenas; y Gerardo Godoy García, Basclay Zapata, Miguel Krasnoff, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Manuel Contreras y Paul Schaefer (fallecido).

 

FUENTE: CAMBIO 21