Frente Amplio Unitario

Escasez de agua obliga a autoridades considerar nacionalización para poder tener soberanía sobre este vital elemento

12/05/2014 |

Por María Cristina Prudant

Chile tiene la tercera mayor reserva de agua dulce del planeta, después de la Antártida y Groenlandia. Esto nos convierte en uno de los principales proveedores de una fundamental fuente de riqueza frente al aumento del calentamiento global. Este preciado bien, que a futuro cobrará una mayor relevancia debido a su escasez en el mundo entero, fue entregado a los privados a través de un Código de Aguas en 1981. Pero el actual gobierno ha reimpulsado una reforma constitucional para declararlo como bien de uso público.

Después de muchos años de haber perdido el control de un elemento tan esencial para la vida como lo es el agua, por fin las cosas comienzan a retomar sus cauces normales. Sólo falta que todos en el Congreso se pongan de acuerdo y le den curso a la reforma constitucional que le devuelve su soberanía al Estado.

Los ambientalistas están cansados de advertir sobre los riesgos que el país corre en este aspecto y miles de especialistas en el mundo refrendan sus dichos. Porque para nadie es un invento que será el tesoro más valorado a futuro y que incluso será el motivo de guerras.

El agua es un recurso natural que tiene un valor incalculable, un recurso estratégico, escaso a nivel mundial, un elemento esencial para la vida. Chile cuenta con una buena disponibilidad de recursos hídricos y con una de las mayores reservas de agua en Campos de Hielo Sur y Norte, en la zona austral del país. Aunque sea así, no está asegurado su futuro y, así como hoy cada ciudadano puede abrir una llave y verla correr y usarla a su antojo, mañana puede ocurrir que esa misma llave ya no deje caer ni siquiera una gota.

Por eso, no es una exageración que haya quienes piden que el agua tenga rango de derecho humano, como ocurre en Uruguay donde ello se estableció en su Constitución Política, mediante un plebiscito.

Con toda la importancia que tiene el agua para el mundo en estos momentos, hay en nuestro país quienes aún piensan que no es necesario devolverla al Estado. Argumentan que todo está muy claro en el Código de Aguas y vuelven sobre los viejos fantasmas de que el Estado no está capacitado para decidir su correcto uso, porque eso le corresponde a quien necesita aprovecharla, o sea, a los privados.

Ha sido tema de debate. Camila Boettiger Philipps, profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales Facultad de Derecho de la UDD (Universidad del Desarrollo, de la UDI), en una carta enviada a un matutino escribió que "el Estado debe proteger el recurso y los derechos de los usuarios, no erigirse como el amo del sistema hídrico".

Aclaró que los cambios constitucionales que se proponen en torno a este tema "revelan un cambio de rol del Estado: determinar su uso, intervenir las decisiones de los usuarios o extinguir sus derechos. El código actual busca un uso eficiente del recurso mediante la asignación que hacen los titulares de los derechos a los diversos usos permitidos", argumentó.

Muy distinta es la postura de los senadores Guido Girardi (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Antonio Horvath (I) y Pedro Araya (I), que presentaron un proyecto de reforma constitucional "sobre derecho humano y propiedad de las aguas".

La iniciativa persigue renacionalizar el vital elemento y recuperarlo para todos los chilenos, señaló Guido Girardi y agregó que Chile "es el único país del planeta donde los derechos de agua son de propiedad privada".
El proyecto de reforma constitucional deroga el numeral 8 del artículo 19 de la Constitución (que permite la privatización del agua), establece el derecho al acceso del agua, la protección de los glaciales y otorga al Estado la posibilidad de caducar las concesiones privadas mal usadas.

Desde el año 92 han habido unas 10 reformas constitucionales referentes a este tema presentadas por parlamentarios y una del gobierno de Michelle Bachelet en enero de 2010.

El senador socialista Alfonso de Urresti, en conversación con Cambio21 explicó que el objetivo del proyecto de renacionalización es "para poder establecer una vinculación directa con las comunidades, que pertenezca a los propietarios de las tierras y que no sea un bien para especular y que en definitiva sea inscrito en cantidades enormes por empresas hidroeléctricas o simplemente por especuladores para luego revender esos derechos".

El parlamentario expresó su confianza en que "se puede conseguir un cambio, una modificación constitucional, porque creemos que hoy no resiste más una situación de esta naturaleza en que hay especuladores con los derechos de agua que están impidiendo el desarrollo de muchas comunidades".

Agregó que "hemos establecido también una directa modificación para la protección de cuencas como elemento fundamental para preservar este vital elemento" y enfatizó que el que se observa en nuestro país es "de una alta concentración, de mucho riesgo y de un mercado absolutamente especulativo".

En la actualidad existe la Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y ha habido marchas nacionales a favor de la defensa del recurso hídrico. Es decir, hay una movilización de la ciudadanía que ha ido adquiriendo conciencia sobre el problema.

Sara Larraín: "Sin reformas el conflicto será grave"

La ambientalista y ex candidata presidencial Sara Larraín expresó a Cambio21 que "los chilenos estamos sufriendo un código de Aguas que está orientado a una gestión de mercado con muy pocas atribuciones por parte del Estado. Su rol está muy disminuido, lo mismo que ocurre en el sector eléctrico".

"Es un Código que tiene más de 30 años, que tiene un débil rol del Estado y más bien entrega la prioridad de la gestión al mercado, lo que ha generado tremendos problemas de concentración y de dificultad e inequidad en el acceso al agua", precisó.

Agregó que éste "no fue discutido en ningún Congreso Nacional, porque no existía. Claramente, tiene problemas estructurales. Esto ya viene con importantes conflictos y el gobierno del Presidente Aylwin mandó una primera reforma al Código de Aguas. Se discutió durante 13 años en el Congreso y recién en el 2005 salió la primera reforma".

Para la ambientalista (en la foto), con los últimos años de sequía en distintas zonas del país "la situación se ha complicado, porque hay más falta de acceso, principalmente el agua potable rural. En Chiloé están siendo asistidos por camiones aljibes en muchas zonas y tenemos tremendos problemas de concentración de derechos que han sido incluso destacados por el tribunal de la libre competencia, y una gran inequidad en el acceso a este recurso".

En su opinión, este cuadro ha ido generando "una situación de mayor conflicto. Primero eran entre comunidades y empresas; hoy son entre sectores productivos, probablemente los más destacados y reiterados son entre la minería y agricultura, pero también crecientemente entre las hidroeléctricas y la agricultura".

El rol del Estado, según Larraín, ha sido deficiente, porque se ha limitado a contribuir en algunas comisiones investigadoras y a solicitar al Banco Mundial un estudio y una propuesta, el que señala parte importante de estas deficiencias, al igual como lo han demostrado otros organismos como la OCDE.

La ambientalista opina que lo primero que tiene que hacer el Estado es "asegurar el derecho al agua potable y al saneamiento. Este es un uso esencial, no puede quedar sometido solamente al mercado. Por lo demás, desde 2010, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, es un derecho humano esencial. Por lo tanto, el Estado tiene que establecer e incluir este derecho tanto en el Código de Aguas como en la Constitución".

En Chile están otorgados más caudales que toda el agua que fluye por los ríos

El ambientalista y ecologista Juan Pablo Orrego no se declara optimista frente al futuro del agua en nuestro país, pero sí esperanzado en que la juventud sea la que tome conciencia total de la importancia de la naturaleza en general. De lo contrario, dice, las futuras generaciones vivirán en un planeta desolador.

A su juicio, el panorama actual del vital elemento en el país es "funesto". Según relató a Cambio21, "Chile es mostrado en el extranjero como que tiene el antimodelo para la administración de los recursos hídricos. Es como un ejemplo a nivel mundial de lo que no debe hacerse: crear un sistema constitucional, legal, incluso institucional y administrativo para que el Estado y la comunidad nacional no tenga ninguna tutela sobre ellos. O sea, con la Constitución del 80 y todo lo que viene después, que es una trenza muy coherente, muy perversa, el Estado chileno se lavó las manos de las aguas de Chile; se las entregó al mercado y a las empresas privadas que lucran con los servicios que pueden dar las aguas, como son la hidroelectricidad, agua potable, sanitarias (en manos de transnacionales) y también la agroindustria (en manos de los grandes agricultores)".

"El Estado, que debiera ser una representación de la comunidad en el gobierno, perdió la tutela de los recursos hídricos. Chile no controla lo que sucede con su agua", acotó Orrego.

Añadió que "en la práctica, en consecuencia del articulado de la Constitución y del Código de Aguas, el agua que fluye por los ríos no le pertenece a los chilenos. Es decir, tienen monopolizados los ríos más caudalosos de nuestro país".

Según señaló, el río Baker, en la región de Aysén, es intocable para la población local, en base a que las empresas eléctricas tienen gigantescos derechos de agua no consuntivos y con ellos bloquean cualquier otro uso de esas aguas. En la práctica, son los dueños de los ríos más caudalosos".

Dos tipos de derechos

Los derechos consuntivos facultan a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad. Es el que tienen los agricultores, las mineras.

En cambio, los derechos de agua no consuntivos, que fueron creados en el Código de Aguas del 81 durante la dictadura, son especiales para la hidroelectricidad. En opinión de Orrego, "son súper engañosos, porque suena ecológico, como que te están dando permiso a usar un recurso sin consumirlo. Pero, en la práctica, hay un engaño de partida, porque estos son los derechos que te permiten construir embalses hidroeléctricos y estos ya están siendo llamados en la comunidad internacional como los embalses evaporatorios, porque cuando tu tomas un río o un valle y creas un enorme espejo de agua, al caer el embalse las tasas de evaporación de ese embalse son feroces. Entonces, a nivel de la microcuenca se está fugando agua en forma de vapor hacia la atmósfera".

Las grandes centrales hidroeléctricas de embalse, por lo tanto, pueden ocupar las cuencas a través de inundaciones y con consecuencias graves para el ecosistema, la naturaleza, destrucción de economías locales, valor paisajístico. Para Orrego, este derecho no consuntivo "es un engaño de arriba abajo, porque son derechos muy poderosos".

 

El integrante de la ONG Ecosistemas cree importante que se le dé la categoría de bien nacional de uso público del agua en la Constitución, que hay que expropiar. Y eso es complicado en el mundo actual.

Lo más insólito, comenta Orrego, es que al estudiar los paquetes de derechos de aguas consuntivos y no consuntivos se ha descubierto que hoy están otorgados más caudales que toda el agua que fluye por todos los ríos de Chile. "Está registrada más agua que la que hay", recalca.

Un ejemplo concreto es el río Baker, donde Endesa espera construir la Central Baker Uno, calculado en más de mil metros cúbicos por segundo, cuando el caudal promedio anual del Baker es de 700 metros cúbicos por segundo. Esto obedece a que ellos también tienen los derechos eventuales, o sea, son dueños incluso de las crecidas de los ríos.

 

FUENTE: CAMBIO 21