Análisis Político
Protestar y desobedecer
Juan Pablo Cárdenas S
El Paro de los trabajadores portuarios nos
reiteró que la movilización social y la huelga constituyen acciones
legítimas y eficientes para obtener logros y seguir arrinconando a un
modelo institucional y económico que viola sistemáticamente los derechos
democráticos y laborales. Pero donde todos los actores sociales deben
confluir y actuar es a favor de una nueva Constitución Política que
surja de una asamblea constituyente y se legitime con la consulta
ciudadana.
El Paro de los trabajadores portuarios nos reiteró que la
movilización social y la huelga constituyen acciones legítimas y
eficientes para obtener logros y seguir arrinconando a un modelo
institucional y económico que viola sistemáticamente los derechos
democráticos y laborales. El ejemplo de unidad entregado por miles de
operadores portuarios del país obligó a los empresarios a atender sus
demandas, cuanto obligar a las autoridades gubernamentales a exigir un
diálogo y garantizar una solución. Este año electoral es una magnífica
oportunidad para expresar el descontento de millones de chilenos que se
sienten burlados en sus derechos.
El conjunto de la “clase política” ya no resiste más descrédito y
aprecia que, si no se pone del lado de las demandas sociales, lo que
estará a punto de quiebre será luego todo el andamiaje de la pos
dictadura. En este sentido, el 2013 debiera ser el año en que los
contratados y tercerizados del cobre consigan ponerle fin a una
segregación ya crónica en los yacimientos, así como ofrecerle al país un
camino de recuperación de nuestras riquezas básicas en manos de
inversionistas privados y foráneos usureros y sin consideración alguna
respecto de nuestra naturaleza.
Los estudiantes, asimismo, difícilmente podrán encontrar otra
posibilidad de la que les ofrece este año electoral a sus demandas de
educación pública digna y gratuita. En este sentido, deberán ser capaces
de establecer acuerdos claros y concretos con las actuales autoridades
y las venideras. Por ningún motivo, dejarse embolinar con “ofertones”
propagandísticos como los que ya lanzados por algunos presidenciables.
La censura a un ministro de Estado es apenas un hito más en la
revolución de la enseñanza y, por cierto, no debiera conformar a
quienes tienen asumido que la responsabilidad del lucro, por ejemplo, es
una transgresión que compromete a más de 20 años de gobiernos cómplices
de una política destinada a apartar al Estado de una responsabilidad
que debe ser siempre ineludible en una sociedad que presuma de
democrática. Tanto es así que fue en el primer gobierno de la
Concertación donde se le dio un salvoconducto al pago de los apoderados a
los colegios particulares subvencionados, con lo cual rápidamente estos
establecimientos marcaron distancia de los colegios municipalizados.
Como que después de la “Revolución Pingüina” viniera la aprobación de
la Ley General de Educación (LGE), un volador de luces aprobado
transversalmente por la política que se deshiciera como pompa de jabón a
poco andar y comprobarse que las demandas estudiantiles habían sido
nuevamente burladas.
Tanto el sistema previsional, como el de la salud privada debieran
también mover a sus millones de víctimas a las calles y a la resistencia
efectiva contra las entidades que se enriquecen a cargo de sus fondos
previsionales y requerimientos médicos. Imponer, también, con su
protesta la acción del Estado en la exigencia de una jubilación digna,
como en la solvente atención tanto de clínicas privadas como hospitales y
policlínicos. Además de boicotear la inescrupulosa colusión que siguen
practicando las farmacias.
A lo anterior, los trabajadores y los estudiantes deben oponerse a la
escandalosa proliferación de termo e hidroelécticas que tienen en
riego nuestros ecosistemas y la vida de nuestras poblaciones. Para
contrarrestar los millonarios recursos de estas empresas que compran la
información y sobornan a parlamentarios y ministros no queda más
recurso que impedir físicamente la instalación de las mismas. Así como
denunciar al mundo sus despropósitos. Lo mismo que hay que hacer con
iniciativas de tal agresión medioambiental como la llevada a cabo por
Agrosuper en Freirina, donde –de nuevo- la movilización popular inhibió
el desarrollo de este y otros atentados.
Pero donde todos los actores sociales deben confluir y actuar es a
favor de una nueva Constitución Política que surja de una asamblea
constituyente y se legitime con la consulta ciudadana. Esta demanda
debiera acompañar a cualquier exigencia sectorial, en el convencimiento
de que las soluciones finalmente dependen de la posibilidad de que en La
Moneda y el Parlamento tengamos genuinos representantes del pueblo. A
la vez que nuestras instituciones estén regidas por leyes justas y de
raigambre republicana y no por los resabios autoritarios y excluyentes
de nuestra actual Ley Electoral, como de aquellos articulados de la
constitución pinochetista que coartan la acción del Estado en La
economía, le siguen otorgando poderes y recursos omnímodos a las Fuerzas
Armadas y a la represión policial, así como limitan el sindicalismo
libre y todo el derecho de asociación consagrado por la legislación
internacional. No en vano se avanza en la convicción de que tenemos un
cuerpo legal repugnante que permite todavía el ejercicio del terrorismo
de Estado, el yugo cultural y social a las minorías étnicas y otro tipo
de discriminaciones. De la misma manera, que se descubre la corrupción
de los referentes sindicales cooptados por la política y por el soborno
de las entidades patronales y el propio Gobierno.
Los chilenos tenemos derecho a estar indignados y a manifestar
públicamente nuestro malestar, desobedeciendo las leyes injustas e
imponiendo un bloqueo efectivo a la injusticia y el atropello propio de
uno de los países más inequitativos del Orbe. En la convicción histórica
de que los cambios rara vez suceden por iniciativa de los gobernantes.
Sobre todo en un tiempo en que los partidos políticos han devenido en
entelequias electoralistas y agencias de empleo. Sin espacio alguno
para la reflexión ideológica o estratégica. Como tristemente se
constata que ya tengamos toda suerte de candidatos sin programa.
Nominados sin consentimiento de sus bases. En lo que ya es una práctica
nacional: anteponer la carreta a los bueyes. El interés de las cúpulas a
la razón de estado.
FUENTE:RADIO U. DE CHILE
No hay comentarios:
Publicar un comentario