La-Polar-21 El lunes 11 de marzo por la mañana, la Corte de Apelaciones de Santiago echó por tierra los intentos de PwC (ex PricewaterhouseCoopers) para echar atrás una multa por 4.500 UF que le cursó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en abril de 2012. A través de un fallo unánime, los ministros de la Novena Sala ratificaron la sanción que se le aplicó a la empresa auditora por “falta de diligencia” en la elaboración de los informes que daban cuenta del funcionamiento de Inversiones SCG, la sociedad emisora de tarjetas de crédito de La Polar. Al contrario de lo que sostenía la empresa, el castigo se ajusta a las atribuciones de la SBIF y se encuentra ajustado a la ley (ver artículo sobre el fallo).
Con la confirmación por parte del tribunal, PwC suma otros $116 millones al monto total que debe pagar por infracciones en el Caso La Polar, ya que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) también la multó con 8.000 UF (más de $180 millones) por su negligencia al auditar sus estados financieros. Aunque las multas no han sido el único precio que ha tenido que pagar la firma que auditó la millonaria falsificación de activos de La Polar.
CIPER pone nuevamente a disposición de sus lectores el reportaje “Price Waterhouse: La auditora de La Polar enfrenta el castigo del mercado”, una investigación que publicamos en abril del año pasado y que da cuenta cómo el escándalo de La Polar le pasó la cuenta a una de las auditoras más importantes del país. Para entonces, sólo cuatro de las 12 empresas IPSA que operaban con ella la habían confirmado para el período 2012. Una situación que se agravaba con las dos sanciones previas que CIPER encontró por errores similares.
Mientras Pablo Alcalde, ex presidente de La Polar, celebra su primer triunfo al salir de la cárcel rumbo a su hogar, los ejecutivos de PwC enfrentan su hora crítica. A la multa de la SVS por 8.000 UF (más de $180 millones), se acaba de sumar el castigo por 4.500 UF (sobre $101 millones) que le aplicó la SBIF, ambos por errores en la auditoría de La Polar y “falta de diligencia” en Inversiones SCG. Lo peor está por venir: sólo cuatro de las 12 empresas IPSA que la firma auditaba, la han confirmado para 2012. CIPER rastreó dos sanciones anteriores por errores similares que agravan el cuadro.
Son cuatro las firmas de auditoría externa con mayor presencia de mercado en Chile: Deloitte, con el 33% de participación e ingresos totales por $49.805.178.902; PwC (ex PricewaterhouseCoopers), con un 28% del mercado e ingresos por $42.815.065.000; Ernst & Young, con un 26% e ingresos por $38.971.505.597, y KPMG, con un 13% e ingresos por $19.173.575.557. Esos fueron los datos informados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para el período 2011, el mismo año en que estalló la bomba de La Polar y comenzó a repartir sus esquirlas al mercado. Pero el cuadro de honor está experimentando cambios radicales por estos días. Así pasó también en Estados Unidos a raíz del escándalo financiero de Enron.
Hasta 2002, cuando se destapó el millonario fraude de Enron, había una quinta auditora en las grandes ligas norteamericanas: Andersen. Tras ser parte activa de la crisis provocada por la empresa afincada en el sector energético, Andersen fue llevada a la justicia, se vio obligada a cerrar y sus sociedades alrededor del mundo se disolvieron. Por su rol de auditora externa en la millonaria falsificación de los activos de La Polar, PwC podría ser en Chile el equivalente a Andersen. Pese a que no ha sido hasta ahora llevada ante los tribunales, la sanción del mercado está siendo dura. Y puede ser aún más.
Precisamente por estos días se están llevando a cabo las juntas de accionistas de las principales empresas del país, momento en que se decide -entre otros puntos relevantes- mantener o cambiar a la auditora externa que avalará sus cuentas para el próximo periodo. Y es allí donde PwC se está jugando su futuro.
Hasta 2011, PwC era la auditora externa de 12 de las 40 empresas del Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), las que más transan en la bolsa. Sólo la superaba Ernst & Young, que auditaba a 13 de las grandes compañías. Deloitte estaba contratada por nueve y KPMG por seis. Pero luego del escándalo de La Polar, el escenario cambió para las auditoras. PwC es la gran perdedora. La mayoría de sus clientes la están dejando por su principal competencia: Deloitte.
Entre las empresas que PwC auditaba, la primera en dejarla cesante y contratar los servicios de Deloitte, fue el banco BCI, de la familia Yarur. La decisión se adoptó en su junta de accionistas del 19 de marzo. Once días más tarde, la siguió Salfacorp, empresa controlada por la Sociedad Río Rubens S.A., ligada a las familias Garcés y Salinas.
Por estos días se espera la decisión que adoptarán la papelera CMPC, del grupo Matte, y las empresas del grupo Angelini -Antarchile y Copec-, en sus respectivas juntas de accionistas. Pero ya se ha informado que propondrán cambiar a PwC por Deloitte como firma auditora de sus estados financieros de 2012. Si antes de conocerse los detalles de la estafa de La Polar esa decisión era despachada de manera casi rutinaria en las juntas, ahora las exigencias son mucho mayores.
El Comité de Directores de CMPC, por ejemplo, estudió las opciones de auditor externo desde noviembre de 2011. Sus ejecutivos ni siquiera evaluaron la posibilidad de mantener a PwC. De inmediato se abocaron al estudio de las ofertas de BDO, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG y Deloitte. El directorio aprobó por unanimidad proponer a esta última como auditora externa en la junta de accionistas que tendrá lugar el 27 de abril.
Sólo cuatro de las empresas del IPSA han confirmado por ahora a la cuestionada auditora, la que enfrenta su peor momento. PwC fue sancionada por la SVS con una multa de 8.000 UF, por su negligencia al auditar los estados financieros de La Polar, y también por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) con 4.500 UF (casi el monto máximo de 5.000 UF), por “falta de diligencia” en la elaboración de los informes que daban cuenta del funcionamiento de Inversiones SCG S.A., la sociedad emisora de tarjetas de crédito de La Polar. (Vea la resolución de la SBIF).
La primera en alinearse con PwC fue Multiexport Foods S.A., que preside Martín Borda Mingo. En el acta de la junta de accionistas del 28 de marzo se explica que los directores “acordaron proponer a esta junta como auditores externos para el ejercicio 2012 a la firma PricewaterhouseCoopers por ser su cotización sustancialmente menor a la otra”. PwC competía con Ernst & Young, su par líder entre las empresas IPSA. El menor costo del servicio elegido no fue casual. La estrategia que PwC está usando para evitar la fuga de clientes ha sido rebajar agresivamente sus precios. Así lo confirmó a CIPER un director de otra empresa IPSA.
Un socio de otra de las grandes auditoras de la plaza explica que últimamente se han encontrado con que los precios que propone PwC son absolutamente inferiores a los niveles históricos con los que la auditora competía antes del fraude de La Polar. La drástica rebaja es interpretada en el medio como una “estrategia desesperada” por conservar sus clientes. “Han presentado ofertas por la mitad de nuestro precio, lo que es algo inusitado”, asegura la misma fuente.
Otras empresas simplemente han optado por no llamar a PwC a ofertar. Tal cual lo hizo la CMPC. “No significa que desconfiemos del trabajo de PwC, pero pensamos que estarán muy enfocados en su defensa y no podrán concentrarse como corresponde en el trabajo que requiere una auditoría”, comentó un ejecutivo de una de las empresas que decidieron no llamar a PwC.
La segunda empresa en confirmar a PwC, fue Molymet, presidida por Carlos Hurtado Ruiz-Tagle, que el 10 de abril ratificó a la firma propuesta por su directorio. En la misma fecha la junta de accionistas aprobó la contratación de un seguro de responsabilidad civil para sus directores con un tope de US$15 millones. Un día después, pese a la férrea oposición de la AFP Provida, la mayoría de los accionistas de CCU, empresa que preside Guillermo Luksic, aprobó continuar con la auditoría de PwC. Lo mismo ocurrió cuando Viña San Pedro, del mismo grupo, confirmó a PwC, con la oposición de las AFP Habitat, Cuprum y Provida.
Guillermo Luksic defendió públicamente a la auditora diciendo que al trabajar con PwC habían tenido una “muy buena experiencia”. Para algunos, esa defensa de Luksic tuvo su origen en Hugo Rivera, el abogado que defiende a la auditora en el juicio por los ilícitos en el fraude de La Polar. Rivera es también uno de los asesores del grupo Luksic en el Banco de Chile.
Luksic no ha sido el único de los mayores empresarios del país en entregarle su voto de confianza a PwC. Los directores de Cencosud, propiedad de Horst Paulmann, también decidieron proponer que PwC continúe como auditor externo en 2012. Al analizar las opciones, los directores evaluaron el impacto del caso La Polar, pero lo descartaron como un elemento clave para la decisión. El argumento fue escueto pero categórico: “Responden a situaciones específicas de esos trabajos y no a fallas generalizadas en el funcionamiento de las auditoras”. La cuarta y última empresa del IPSA que hasta ahora ha respaldado a PwC fue Aquachile, que preside Hugo Pucci. El 17 de abril, sus accionistas decidieron continuar con la auditora para el ejercicio 2012.
De las empresas que están fuera del IPSA, Gasco, del grupo CGE, cambió a PwC por Ernst & Young el 12 de abril y BancoEstado, que preside Segismundo Schulin-Zeuthen, propondrá el cambio de auditores el 30 de este mes. Los accionistas de la eléctrica CGE, controlada por las familias Marín, Pérez Cruz y Hornauer, evaluaron las propuestas de auditoría externa de PwC, Ernst & Young y Deloitte. Esta última ofreció un equipo de trabajo a cargo de 10 profesionales directivos, Ersnt & Young ofreció uno a cargo de 11, y PwC ofreció un equipo a cargo de sólo 7 profesionales directivos. A diferencia de sus competidoras, PwC no informó su metodología de trabajo ni forma de comunicación con CGE. El directorio decidió proponer a Ernst & Young como auditora para 2012, “en consideración a que su elección permitiría alternar al prestador actual de los servicios”, lo que fue ratificado ayer por los accionistas.
De las empresas del IPSA auditadas por PwC, aún hay dos que no se pronuncian sobre un eventual cambio de firma: Lan, controlada por la familia Cueto, y Soquimich, empresa controlada por Julio Ponce Lerou.
La atención se centra en estos días en la decisión que adoptarán otras empresas importantes del mercado que eran auditadas por PwC y que aún no han informado sobre su elección de auditores para 2012. En la lista figuran: Watts, controlada por el empresario Fernando Larraín Peña, cuya junta de accionistas se realizará el 25 de este mes; la pesquera Camanchaca, ligada a la familia Fernández, que decidirá el 30, al igual que Norte Grande, también controlada por Ponce Lerou.
Si bien la salmonera Australis, que preside Rodrigo Arriagada Astrosa, no se ha pronunciado sobre sus próximos auditores, en su sitio web tiene disponible para sus accionistas una propuesta de auditoría de PwC para el ejercicio 2012. “Ustedes nos conocen bien y nosotros a ustedes. No hay sorpresas”, escribió Luis Enrique Álamos, el socio principal de PwC, en la carta donde ofrecen mantener sus servicios.

OTRAS SANCIONES SOBRE LA MESA

Pese a que en el mercado local son unas pocas auditoras las que compiten por los grandes clientes, ninguna de las otras firmas parece dispuesta a realizar un peritaje al trabajo de PwC en La Polar. Según fuentes que han seguido de cerca el desarrollo judicial del fraude, al momento de estallar el escándalo, la auditora KPMG se mostró abierta a la posibilidad de hacer una revisión exhaustiva de la auditoría en cuestión. Sin embargo, la actitud cambió luego de recibir instrucciones de la filial internacional diciendo que no se involucraran por un aparente convenio entre las firmas globales de las big four.
A falta de una revisión profesional de la auditoría realizada por PwC a las cuentas y estados financieros de La Polar, no queda más que examinar cómo se ha comportado el mercado frente a esta área de fiscalización que hoy resulta clave para el trabajo de los directores de empresa. Según los datos que recogió CIPER, desde 2003 sólo dos auditoras externas -de las cuatro principales- han sido multadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por infringir las normas que las regulan: PwC y Ernst & Young. Ambas estuvieron a cargo de auditar en distintos períodos los estados financieros de La Polar.
Pero PwC registra otra sanción más.
El 29 de diciembre de 2010, la SVS multó a PwC con 350 UF por hacer un trabajo de auditoría “insuficiente” de los estados financieros de la Compañía de Seguros ACE S.A. La resolución del fiscalizador estableció que durante seis años PwC no detectó la “subvalorización de la reserva catastrófica de terremoto” de la aseguradora, confirmando que los estados financieros de la compañía representaban razonablemente en todos sus aspectos significativos su situación financiera.
Pese a que un cambio en los contratos de reaseguros de ACE de 2004 obligó a la compañía a proveer una mayor reserva catastrófica de terremoto, PwC no detectó esa obligación que alcanzaba US$1.650.000. El trabajo de auditoría fue tan insuficiente, que no sólo falló en detectarlo en 2004, sino que todos los años siguientes hasta el ejercicio de 2009, que fue examinado por la SVS. Según el dictamen del ente regulador, PwC no incluyó pruebas sustantivas en sus procedimientos de auditoría y de control interno: se limitó a calcular el detalle de la reserva catastrófica de terremoto en el ejercicio 2004 y el resto de los años sólo constató que no cambiaron los contratos de reaseguros y los parámetros de cálculo.
Al sancionar a la auditora, la Superintendencia estableció que PwC no cumplió las instrucciones de la Circular N°1.441 (que contiene normas mínimas de auditoría externa y del informe con la opinión del sistema de control interno para compañías de seguros y reaseguros), ya que se limitó a revisar las metodologías de cálculo y no validó la información usada en el cálculo. El error es similar a una de las infracciones que le adjudicó la SVS a la auditora por su trabajo en La Polar, donde el equipo a cargo del socio Alejandro Joignant se limitó a revisar los procesos de control, pero no validó la información que entregaba la multitienda.
En los descargos que la firma hizo a la SVS, PwC explica que dada la naturaleza del negocio de La Polar, decidió aplicar “enfoques de auditoría basados en sistemas y controles utilizados por la empresa como parte de su gestión y operación habitual” y no utilizar un enfoque “sustantivo”, donde se revisa de forma detallada “una porción significativa de los saldos que componen los estados financieros”.
Para evitar situaciones como éstas, el vicepresidente del Colegio de Contadores Auditores, Daniel Vásquez, propuso en una entrevista que concedió a CIPER que exista una segunda auditoría que fiscalice a la primera, que se sancione a la empresa que entregue información falsa a los auditores externos y que éstos últimos rindan cuenta directamente a la SVS y no a la empresa que los contrata (vea la entrevista).
Respecto de los errores cometidos en la auditoría de la aseguradora ACE, la SVS consideró que el procedimiento de PwC no examinó “con el máximo de diligencia si las operaciones realizadas por la aseguradora estaban razonablemente reflejadas en los estados financieros”. En los descargos presentados, la auditora reconoció la insuficiencia y lo atribuyó a “un error involuntario cometido en el origen respecto de las condiciones contractuales de reaseguros modificadas al año 2004 y que afectaron ese ejercicio y los siguientes”.
La auditoría de ACE estaba a cargo de los socios de PwC Juan Christian Roncagliolo Grunert, actualmente con un 7,693% de la propiedad de la firma, y Juan Carlos Pitta De Clemente, con un 0,961%. Pese a la sanción, la aseguradora decidió seguir trabajando con PwC como auditora externa y consideró que el error en la contabilidad era marginal. Sin embargo, cinco años antes, PwC había sido multada por otra infracción a la misma norma.

SEGUROS DE VIDA LA CONSTRUCCIÓN S.A.

Al analizar la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU) del 30 de septiembre de 2004 de la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A, la SVS detectó que la compañía había calculado la reserva de riesgo en curso para las pólizas de seguros de desgravamen suscritas por el Banco del Estado, con vigencia desde enero de 2003, “descontando los costos de intermediación y recaudación pagados”, lo que no está autorizado por la SVS desde 1981. La auditora de la compañía era PwC , la que no verificó que la reserva de riesgo en curso cumpliera con las instrucciones impartidas por la SVS. Según estimó el fiscalizador, el error implicó que la compañía hiciera una reserva menor para las pólizas de $2.518.348.967.
El 13 de octubre de 2005, cuando PwC debió rendir cuentas en el curso de la investigación, la auditora reconoció que no aplicó procedimientos detallados. En sus descargos añadió: “Nada les reveló que la Compañía de Seguros de Vida La Construcción S.A. no hubiese aplicado un criterio razonable para constituir las referidas reservas”. La norma de la SVS recalca que “las firmas auditoras no se deben limitar sólo a revisar la metodología del cálculo ya realizada por las entidades aseguradoras sino que, además, se requiere efectúen validaciones de la información utilizada en el cálculo”.
El 29 de diciembre de 2005, la SVS multó a PwC con 100 UF y estimó que la materialidad de esa reserva representaba un 0,15% del total de reservas de la compañía de seguros. Un dato anexo resulta interesante: el error de PwC se produjo cuando estaba en marcha el proceso de venta de Seguros de Vida La Construcción S.A., que fue adquirida el 30 de mayo de ese mismo año 2004 por BICECorp, dueño de BICE Vida.
Pese a que no ha sido sancionada por la SVS, Ernst & Young tampoco identificó las irregularidades y falsificaciones de los estados financieros de La Polar cuando auditó esa empresa en los años en que, aparentemente, comenzó a masificarse el fraude de las repactaciones unilaterales (2005 y 2006).
En 2004 y 2005 la auditoría hecha por Ernst & Young a La Polar fue firmada por Roberto Morales Chamorro, el profesional que no detectó las inconsistencias contables. Cuando la auditoría externa de la multitienda pasó a PwC, Morales siguió trabajando para La Polar, a través de su empresa People+, y se convirtió en mano derecha de la entonces gerente de Administración, María Isabel Farah, la única persona investigada por el fraude que continúa en prisión. La historía de Morales Chamarro fue registrada por CIPER en el reportaje “El auditor externo de La Polar que se convirtió en asesor clave de gerencia”.
A fines de marzo, dos altos ejecutivos de Ernst & Young declararon ante la Brigada de Delitos Económicos de la PDI como testigos del trabajo de auditoría que esa firma hizo para La Polar en un año clave en el diseño del modelo de la millonaria falsificación: el 2006. Tres años antes, esta auditora también fue sancionada por la SVS con una multa de 500 UF.
Al auditar los estados financieros de la Compañía de Seguros Generales Chubb de Chile S.A., la firma no identificó que ésta no había contabilizado operaciones de reaseguros por 15.812,78 UF relacionadas a la Prima Cedida Reaseguro Facultativo en caso de terremoto. La SVS estimó que, como consecuencia de esa omisión en la contabilidad, Chubb constituyó una menor reserva técnica por $257.158.000, mostrando en los estados financieros un patrimonio mayor por $218.584.000. Y estableció que esta situación reflejaba un problema de control interno de la empresa que no permitía asegurar que la información presentada fuera veraz e íntegra.

LOS QUE ENFRENTAN EL REMEZÓN

En Chile, PwC es una sociedad de responsabilidad limitada cuya propiedad está en manos de 26 profesionales. Son los denominados “socios internacionales” que han hecho carrera en la auditora y están liderados por un socio principal. Desde enero de este año esa responsabilidad cambió de mano y recayó en Luis Enrique Álamos Olivos.
La firma tiene 1.200 empleados y una estructura general basada en cuatro sociedades. Pero es sólo una de ellas, “PwC Consultores, Auditores y Compañía limitada”, quien emplea a esas 1.200 personas.
PwC tiene el 67% de “Asesorías profesionales DHS Limitada”. El 33% restante está dividido en 11 “socios locales”, que a medida que hacen carrera en la auditora pueden ser aceptados como socios internacionales. Una tercera sociedad, “PwC Capacitación y Desarrollo Profesional Limitada”, está en manos de tres “socios internacionales” de la auditora: Renzo Corona con un 40%, Anthony Dawes con un 40% y Leslie Hemery con un 20%. Pese a que no tiene ningún empleado, esta sociedad funciona como un organismo técnico de capacitación.
La cuarta empresa fue modificada el 14 de abril de 2010. Los mismos tres socios de PwC, Anthony Dawes, dueño de un 5,77% de la auditora; Renzo Corona, también con un 5,77% de la firma, y Leslie Hemery, con un 3,846%, modificaron los estatutos de la sociedad “Desarrollo Profesional Limitada”, cambiándole el nombre a “PricewaterhouseCoopers Desarrollo Profesional Limitada”. El 40 % del interés social de esa compañía pertenecía a Dawes, y el 60% restante estaba dividido en partes iguales entre Corona y Hemery.
El 30 de junio de 2010, PwC reconoció una deuda con esta empresa por $913.248.102. Las condiciones del préstamo fueron favorables para la auditora: el pago se estableció en un plazo de 15 años con un interés devengado del 3%. A fines de ese año, el 30 de diciembre, la deuda de PwC aumentó a $943.248.102. Lo llamativo es que esta sociedad “PricewaterhouseCoopers desarrollo profesional limitada”, que había sido constituida en febrero de 1989, fue vendida en enero de 2011 a PwC por un valor considerablemente inferior al monto que se le adeudaba: la auditora PwC adquirió el 99% de la sociedad, pagando $1.980.000. El socio Corona mantuvo el 1% del interés social, que equivale a $20.000.
No es la única empresa que le presta dinero a PwC. El 30 de junio de 2010, PwC firmó una escritura notarial reconociendo una deuda por $1.128.654.209 con la sociedad South American Real Estate Corporation Limited, “válidamente constituida y vigente según las leyes de Bahamas”, también con un interés del 3% y con un plazo de pago de 15 años. En noviembre del 2011, la deuda aumentó a $1.306.205.984. Una fuente cercana a la auditora, afirma que South American Real Estate Corporation Limited, es una inmobiliaria en proceso de disolución que compraba oficinas en Sudamérica para arrendárselas a las firmas locales de PwC.
Los dueños de la sociedad constituida en Las Bahamas, serían los mismos socios de PwC que pertenecían a la red latinoamericana de la firma. PwC también reconoce una deuda con la sociedad de Dawes, Corona y Hemery, “PricewaterhouseCoopers Capacitación y Desarrollo profesional limitada”, que al 30 de junio de 2010 alcanza a los $337.883.511.
Esa estructura y los profesionales que la lideran es la que hoy está enfrentando el peor momento de su historia, desde que la auditora Price Waterhouse comenzara sus operaciones en Chile hace más de 90 años. Ya en 1920 era una de las auditoras de los balances de las principales empresas del país, según los registros del Diario Oficial, aunque su proceso de modernización comenzó a gestarse en los años 80. Fue en 1987, cuando se vuelve una sociedad de responsabilidad limitada, con un capital de $22.000.000 aportado por 12 socios naturales y por la sociedad civil extranjera Price Waterhouse & Co.

FUENTE: CIPERCHILE