sábado, 28 de febrero de 2015

El diablo vendiendo cruces: ahora socios de Penta hablan de "buena fe" y pagan 8 millones de dólares en impuestos, intereses y multas al fisco

28/02/2015 |
"Choclo" Délano y Lavín a días de tener que presentarse ante la justicia por sus fraudes en dineros políticos buscan colaborar con la investigación y así mitigar las sanciones que recibirán por sus actos ilícitos.
Justo en la antesala de que el Servicio de Impuestos Internos, SII, presente una nueva querella en el caso Penta, la empresa desembolsó al Fisco 4.900 millones por concepto de impuestos adeudados.

Según informa La Tercera, la empresa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín pagó el jueves pasado uno 8 millones de dólares a la Tesorería General de la República, en el marco del proceso judicial que enfrenta por el financiamiento trucho de campañas políticas.

La decisión de pagar la totalidad de lo liquidado por el SII y más, aseguran fuentes de la empresa, buscaría evidenciar una disposición de colaboración con la investigación que lleva adelante el fiscal nacional Sabas Chahuán.

Específicamente los montos corresponden a tributos adeudados al Servicio de Impuestos Internos por 2.090 millones, además de otros 2.810 millones de reajustes, intereses y multas.

El nuevo desembolso se suma a otros 1.191 millones que pagó el grupo por impuestos morosos.

"Pese a que se trata de un caso que aún se discute y se encuentra en una fase investigativa, hemos pagado estas diferencias, incluyendo las multas e intereses, como una muestra de buena fe y de colaboración con la investigación en curso", señaló en esa oportunidad Penta S.A.

Cabe recordar que los imputados por delito tributario y soborno serán formalizados por la Fiscalía Oriente el próximo 4 de marzo.



FUENTE: CAMBIO 21

A diez años de la investigación del Caso Riggs: se dictará sentencia contra los responsables de manejos turbios y el patrimonio de Pinochet

28/02/2015 |
Dentro de este grupo están los uniformados en retiro Jorge Ballerino Sandford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Mac-Lean Vergara, Eduardo Eugenio Castillo Cádiz y Sergio Marcelo Moreno Saravia.
El ministro de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, confirmó que durante el 2015 se dictará la sentencia de primera instancia en el llamado Caso Riggs, causa donde se investiga el origen del patrimonio del fallecido dictador Augusto Pinochet.

"El proceso está en plenario, se están realizando las últimas diligencias para dictar la resolución. Este año va a haber fallo de primera instancia en el caso Riggs", señaló el ministro el diario La Tercera.

Por lo pronto, y tras más de diez años de investigación, se terminarán las últimas diligencias, para después ser interrogados los testigos por los abogados defensores y querellantes, tal como lo estipula el sistema antiguo de justicia.

Luego, el causa queda en estado de fallo y la resolución deberá zanjar si los procesados son culpables o inocentes.

Dentro de este grupo están los uniformados en retiro Jorge Ballerino Sandford, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Mac-Lean Vergara, Eduardo Eugenio Castillo Cádiz y Sergio Marcelo Moreno Saravia.

Asimismo, este 2015 se determinará si los bienes y el dinero en efectivo congelado desde 2004, cuando comenzó la investigación, será entregado al Fisco.

Según el expediente, actualmente existen US$ 5.315.777 en cuentas a nombre de la Corte de Apelaciones de Santiago y cerca de 23 inmuebles vinculados a Pinochet que están bajo prohibición de venta o enajenación.

Este dinero se encuentra en depósitos a plazo en el Banco Chile, una cuenta corriente en el Banco Estado, dos cuentas en el Banco Atlántico-Miami; y vales vista del Bank Boston.

Además, un informe de la Universidad de Chile estableció que el patrimonio asciende a US$ 21 millones , aunque de esos US$ 19 millones no están justificados.

Entre los inmuebles se encuentran departamentos en Iquique, Reñaca y el sector oriente de Santiago; una parcela en Ranco; y la conocida casa en El Melocotón.


FUENTE: CAMBIO 21
Son impuestos adeudados con intereses

Grupo Penta paga al fisco casi 5 mil millones de pesos en la antesala de la audiencia de formalización

Lo pagado por el holding considera tributos que se adeudaban al Servicio de Impuestos Internos (SII) por $2.090 millones, a lo que se suman $2.810 millones en reajustes, intereses y multas atribuidas a tales compromisos pendientes.
Empresas Penta canceló el viernes casi 5 mil millones de pesos en impuestos adeudados más los reajustes, intereses y multas a la Tesorería General de la República, en lo que es la antesala de la audiencia de formalización que el grupo enfrenta por delitos tributarios que están asociados al financiamiento de campañas ilícitas.
Lo pagado por el Grupo Penta considera tributos que se adeudaban al Servicio de Impuestos Internos (SII) por $2.090 millones, a lo que se suman $2.810 millones en reajustes, intereses y multas atribuidas a tales compromisos pendientes.
De acuerdo a fuentes de Penta que cita La Tercera, el grupo decidió cancelar la totalidad de lo liquidado por el SII como una forma de mostrar un ánimo de colaboración con la investigación que está llevando el Ministerio Público. Además, indican que la deuda podría ser algo inferior a lo que se canceló.
La tributación morosa que Empresas Penta pagó corresponde al periodo 2008-2014 por operaciones forward y la entrega de bonos a ejecutivos, los cuales fueron ingresados a la Tesorería por medio de varias sociedades del grupo, entre las que se encuentra Penta S.A., Inversiones Penta III Limitada, Inmobiliaria Duero y Los Estancieros.
Penta ya había cancelado $1.191 millones por impuestos adeudados de boletas de honorarios cuestionados por el SII en diciembre pasado, respecto a lo cual el grupo indicó que estaban “incluidas en anteriores declaraciones de impuestos de Empresas Penta S.A. y algunas otras sociedades no operativas de este grupo empresarial, por estimar que no corresponderían a gastos necesarios para producir renta”.
El monto de esa oportunidad consideraba un impuesto adeudado por $ 532 millones, más $659 millones por concepto de reajustes, intereses y multas.
La empresa declaró el 3 de diciembre que “pese a que se trata de un caso que aún se discute y se encuentra en una fase investigativa, hemos pagado estas diferencias, incluyendo las multas e intereses, como una muestra de buena fe y de colaboración con la investigación en curso”.
Con el pago del viernes, el Grupo Penta canceló $ 6.091 millones adeudados al fisco en el marco de la investigación de la Fiscalía.
Lo cancelado por Empresas Penta, holding encabezado por Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, se da en la antesala de una nueva querella en el caso que será presentada en los próximos días por el SII. Lavín y Délano serán formalizados por la Fiscalía Oriente el próximo 4 de marzo por delitos tributarios y soborno.
De esta forma, el ente fiscalizador busca probar delito tributario en operaciones de contratosforward que fueron suscritos por sociedades y ejecutivos vinculados al holding, con firmas y ejecutivos ligados al grupo Cruzat y a la consultora financiera VSA S.A.
La acción judicial incluirá, según fuentes ligadas a la querella y citadas por el medio, acusaciones contra Délano, Lavín, y algunos de los representantes legales de las sociedades a través de las cuales se materializaron las operaciones, entre las que se encuentra la Inmobiliaria Duero, que es representada por Macarena y José Luis Délano Méndez, hijos de uno de los controladores de Penta.

FUENTE: EL MOSTRADOR
También menciona a su cónyuge como principal beneficiara

Informe de la Unidad de Análisis Financiero apunta a Pablo Wagner de realizar “operaciones sospechosas” cuando era subsecretario

Entre los indicios que señala la UAF se menciona la cuenta corriente de la ex autoridad del gobierno de Sebastián Piñera, en donde se puede comprobar que, si bien la mayor parte de los bonos se justifican con el pago de remuneraciones, transaccionalmente entre 2010 y 2011, "recibió dos depósitos con cheques por $6 millones de Inversiones Penta II Ltda. y depósitos en efectivo por más de $43 millones, enterados en montos individuales de $3 millones cada uno, y cuyos depositantes son Gerardo Tapia G. y el reportado".
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) advierte “operaciones sospechosas” que habría realizado el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, cuando este ejercía el cargo durante el Gobierno de Sebastián Piñera, entre 2010 y 2011.
Así lo consigna un informe hecho por la UAF, el cual fue recepcionado el pasado 15 de enero por la Fiscalía Nacional e incorporado recientemente a la carpeta de investigación en el marco del Pentagate y que publica este sábado El Mercurio.
De acuerdo al oficio elaborado por el organismo, existen elementos para sostener “la existencia de indicios que podrían ser constitutivos de algunos de los delitos establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley 19.913″, lo cual corresponde a lavados de activos y asociación ilícita para lavar dinero.
Según la información, el Fiscal Nacional Sabas Chahúan envió, el 22 de enero, un oficio al jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, remitiendo un informe de 31 páginas.
Entre los indicios que señala la UAF como parte de las “operaciones sospechosas” se menciona la cuenta corriente del ex subsecretario, en donde se puede comprobar que, si bien la mayor parte de los bonos se justifican con el pago de remuneraciones, transaccionalmente entre 2010 y 2011, “recibió dos depósitos con cheques por $6 millones de Inversiones Penta II Ltda. y depósitos en efectivo por más de $43 millones, enterados en montos individuales de $3 millones cada uno, y cuyos depositantes son Gerardo Tapia G. y el reportado”.
También se confirmó que el número de teléfono ingresado en las papeletas de depósitos en efectivo coincide con el de empresas Penta S.A. que está registrado en la SVS.
En dicho documento se señala que Wagner “ordenó desde el Banco Penta dos transferencias electrónicas por más de $20 millones, señalando en los mensajes swift que corresponden a: ‘especificación de gastos’, lo cual no permite esclarecer el sentido concreto de estos movimientos y el origen de dichos fondos”.
Además, la UAF también menciona la participación de Irene de la Cerda, cónyuge de Wagner, como “la principal beneficiaria”, añadiendo que “ésta facilitó el flujo de dineros en la cuenta corriente” del ex subsecretario por medio de depósito de cheques endosados por parte de Inversiones Penta III Ltda. (M$6000) y como beneficiaria de cheques por más de $40 millones, entre 2010 y 2011″.
El pasado 4 de noviembre de 2014, el propio Banco de Chile, luego de recibir un oficio de la Fiscalía, informó a la UAF de un reporte de “operaciones sospechosas” del ex subsecretario de Minería.

FUENTE: EL MOSTRADOR
Piden que aclare dudas en caso que involucra a su hijo y su nuera

Gobierno califica de “imprudente” preguntas que diputados UDI harán llegar a Bachelet por “Nueragate”

El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, dijo que "me parece mal, extremadamente mal. Uno tiene que ser responsable, prudente, cuando los problemas afectan a todos los chilenos".
El Gobierno salió este sábado a criticar el oficio que ingresará el martes un grupo de diputados de la UDI, en el que solicitan a la Presidenta Michelle Bachelet aclarar las dudas en el denominado “Nueragate”, caso que involucra a su hijo, Sebastián Dávalos, y a su nuera, Natalia Compagnon.
El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, calificó el oficio del gremialismo como “imprudente”, mencionando –en declaraciones a CNN Chile– que “me parece mal, extremadamente mal. Uno tiene que ser responsable, prudente, cuando los problemas afectan a todos los chilenos”.
Consultado respecto a si la Alianza lo que busca es sacar ventajas políticas con esta ofensiva, Aleuy señaló que “no hago juicios de ese tipo sobre situaciones políticas, lo que digo es que es imprudente”.
Por su parte, el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, precisó que la Mandataria ya había hablado del tema “con claridad” durante la semana, destacando la importancia de continuar trabajando por elevar el marco regulatorio entre el dinero y la política, entre la política y los negocios, entre lo público y lo privado.
El documento que preparan diputados de la UDI está compuesto por siete preguntas y es impulsado por el jefe de la bancada, Felipe Ward, y respaldada por los parlamentarios María José Hoffmann e Issa Kort.
Entre las preguntas destaca la relativa a “las cualidades personales o aptitudes profesionales que tuvo en consideración para nombrar a su hijo, el señor Sebastián Dávalos, a cargo de la Dirección Sociocultural del Gobierno”.
Además, los legisladores le piden una evaluación de la conducción y gestión de su hijo durante el tiempo que dirigió la repartición y el ítem de recursos públicos durante el año 2014.
Los diputados gremialistas también quieren indagar respecto a si las ONG que apoyó la Dirección Sociocultural de la Presidencia recibieron aportes de empresas privadas durante el año 2014 y lo que va del 2015; y, de ser así, su individualización.
Los parlamentarios opositores también le solicitan a la jefa de Estado que se pronuncie respecto a la empresa de su nuera, en la que desean saber si instruyó al Ministerio de Hacienda para que recabara una respuesta expedita por parte de la Superintendencia de Bancos.
También le solicitan que mencione si está en conocimiento de si el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, como persona natural o a través de sus empresas, le aportó a su campaña presidencial.
La última pregunta que los parlamentarios de derecha le formulan a Bachelet apunta a saber su opinión sobre la ganancia económica obtenida por Compagnon y su hijo de la venta de terrenos en la comuna de Machalí.

FUENTE: EL MOSTRADOR

Venezuela: cuando la sedición se llama democracia

 Publicado el 28 Febrero 2015
 ESCRITO POR MARCOS ROITMAN ROSENMANN
La semejanza entre las estrategias desestabilizadoras articuladas por la derecha en Chile durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) y las actuales políticas tendientes a derrocar el gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro hacen pensar en un manual para romper el orden constitucional afincado en la desestabilización. Si Richard Nixon, el presidente republicano estadunidense de la época, planteó hacer estallar la economía chilena en sus cimientos, Kissinger, su secretario de Estado, fue más osado al afirmar que Estados Unidos no abandonaría a sus aliados en Chile por la irresponsabilidad de un pueblo que votó mal eligiendo un presidente de izquierdas.

Hoy, Barack Obama continúa dicha tradición con su secretario de Estado, John Kerry, quien presenta el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela como un peligro para la democracia en la región, identificándolo como un portaviones del crimen organizado, el narcotráfico y los enemigos de occidente. Sus palabras no dejan sombra a la duda: Venezuela continúa avanzando por la dirección equivocada y tomando las decisiones incorrectas. Estamos trabajando con los dirigentes de la oposición para la defensa de la democracia en Venezuela. Estamos trabajando en este momento con el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro para implementar las previsiones de la ley de sanciones y nos estamos moviendo lo más rápido posible. He elevado el problema sobre Venezuela a los líderes de la región.
Entre Nixon y Obama, Kissinger y Kerry, han transcurrido 40 años, pero Estados Unidos no renuncia a intervenir en los países latinoamericanos para mantener su Pax Americana. Nunca ha dejado de financiar a la burguesía local y sus organizaciones políticas, partidos, sindicatos, movimientos sociales y grupos paramilitares en su objetivo de torcer la voluntad democrática de los pueblos que se dan gobiernos antimperialistas contrarios a sus intereses.
Sin embargo, no es fácil crear un estado de caos interno y una correlación de fuerzas internacional que avale una acción golpista. Para ello hace falta combinar factores como el descontento, potenciar la violencia social, generar miedo, paralizar la vida cotidiana y transformarla en un infierno. Los mecanismos habituales han sido el desabasto, el mercado negro, la inflación, la violencia callejera, el bloqueo de carreteras, el acaparamiento y una campaña desinformativa de comunicación social tendiente a justificar una intervención salvadora de la patria. Requieren tiempo y desgastar las bases sociales de los gobiernos populares. En países dependientes, donde las multinacionales controlan monopólicamente sectores claves como el farmacéutico, el alimentario, repuestos automotrices y bienes de consumo, es fácil provocar el desabasto. Basta con no importar medicinas, jabón, pasta de dientes, baterías para coches, bombillas, neumáticos, leche, papel, el más insignificante tornillo, aparatos electrónicos, etcétera. Además, se acompaña el bloqueo de exigencias poco frecuentes en las relaciones económicas internacionales, como es el pago al contado. Una forma de estrangulamiento que favorece el mercado negro de dólares.
Construir una realidad caracterizada por una represión a los partidos opositores, la detención de sus dirigentes, requiere una coyuntura internacional favorable a tal discurso. Se busca identificar a sus dirigentes como perseguidos, maltratados y vulnerados en sus libertades. Unos mártires de la democracia. Igualmente ocurrió en Chile. Sus hacedores coinciden, son los grupos empresariales, la burguesía local, la oligarquía terrateniente y el capital financiero, cuyos intereses están inmersos en la trasnacionalización productiva neoliberal. Si algo tienen en común las clases dominantes latinoamericanas es su imbricado sistema de alianzas y su total desprecio por las formas democráticas de ejercicio del poder.
Sin embargo, partidos políticos y gobiernos del llamado mundo libre sucumben a los cantos de sirenas de la oposición golpista en Venezuela. Resulta curioso que en España, donde se ha desarrollado una virulenta campaña contra el gobierno del presidente Maduro, se suman voces, desde el Partido Popular hasta Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias, rompe una lanza en favor del alcalde de Caracas, considerando su detención un acto desproporcionado. La cárcel, subraya, no es un sitio para un alcalde electo (sic).
Es menester recordar que en Chile, durante el último año del gobierno de la Unidad Popular, los cargos públicos de la derecha, alcaldes, diputados, senadores, actuaron en la trama civil del golpe y muchos salieron al extranjero acusando al gobierno de Salvador Allende de perseguirlos. El caso más renombrado recae en la figura del secretario general de Patria y Libertad, Pablo Rodríguez Grez, posteriormente ministro de la dictadura y abogado de Pinochet. Grez decidió autoexiliarse en Ecuador, en julio de 1973, al considerarse perseguido por el gobierno de la Unidad Popular. En su favor se desplegó una campaña internacional, coincidente con la orden de búsqueda y captura por su participación en el intento de golpe de Estado del 29 de junio de 1973. Fueron muchas las personas que se prestaron al juego y se sumaron a las políticas golpistas bajo el cartel de sufrir persecución ideológica. La historia los ubica como organizadores del golpe de Estado.
Hoy, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, detenido por participar en otra trama frustrada de golpe de Estado, es presentado al mundo como un mártir de la democracia, pero pocos recuerdan su pasado. Primero en 1992, como gobernador de Acción Democrática en el distrito federal, reprimiendo los movimientos democráticos. En 2002, tras el triunfo de Hugo Chávez, sumándose al golpe cívico-militar. En 2004, gestionando el paro empresarial-petrolero. En 2005, negando legitimidad a las elecciones generales y cuestionando los resultados del referendo revocatorio. Ya en 2014 se suma a Leopoldo López y Corina Machado al pusch conocido como La salida. Hoy es necesario recordar las estrategias desestabilizadoras, sus aliados políticos internacionales y los medios de comunicación que avalan la mentira

FUENTE: EL CLARIN