Banco Santander estafa a sus clientes
La institución financiera, con
su producto “Alivio Hipotecario” habría estafado a un centenar de
personas, ofreciendo rebajas a los dividendos entre un 20% y un 30%, a
partir del año 2009. Sin embargo, se les cobró un “Cuotón”, es decir,
una suma que es diez veces la cantidad pactada con un 70% de tasa de
interés, sobrepasando con creces la tasa máxima convencional vigente.
Muchos perdieron su casa y otros temen que les suceda lo mismo. Algunos
acudieron al Sernac, SBIF, Odecus y Conadecus. Sólo esta última se hizo
parte del caso y presentó una demanda colectiva en contra del Santander.
Una solución se transforma en problema.
El fin era disminuir la carga de endeudamiento, sin embargo, se terminó
pagando mucho más por el producto adquirido.
Si la deuda era abultada, con la estafa
que fue disfrazada de ayuda, ésta aumentó. Los afectados: más de un
centenar de chilenas y chilenos. El responsable: una entidad bancaria.
Nada nuevo bajo el sol en un país donde los abusos del sector financiero
y empresarial están a la orden del día.
El descaro para lucrar, sin mirar a quién. El cliente es un número. Algo que tiene claro el Banco Santander, que mediante su “Alivio Hipotecario” engañó a sus clientes para obtener utilidades con intereses usureros.
LOS ORÍGENES DEL “CUOTÓN”
Corría el año 2009. La crisis económica subprime comenzaba a dejar huellas en Chile.
La gente perdió poder adquisitivo. Los bancos se inquietaron y no
encontraron mejor manera de ganar utilidades, que cobrarles más a sus
propios clientes.
El Banco Santander ofreció el producto
“Alivio Hipotecario” a quienes adquirieron créditos para financiar la
casa propia. La idea era disminuir un tercio el monto de los dividendos
mensuales.
Es decir, una rebaja de entre un 20 y 30
por ciento en cada una de las cuotas hipotecarias, durante un periodo
de 36 ó 48 meses consecutivos, y luego de expirar ese plazo, el
dividendo volvería a la suma original contratada.
Para que se entienda. Si el crédito era a
240 meses y cada cuota mensual era de $400.000, por ejemplo,
considerando que el “Alivio Hipotecario” ascendía a un 25% por 36 meses,
lo dividendos bajarían a $300.000 cada uno. Cuando pagara este
producto, el cliente seguiría cancelando la suma inicial.
El dinero rebajado sería pagado a partir
del mes 241, con el número de dividendos mensuales y sucesivos de
$400.000, necesarios para pagar el capital, reajustes e intereses. En
concreto, el pago de la diferencia, en este caso los $100.000, rebajados
durante 36 meses ($3.600.000 más intereses), se saldaría al final del
crédito original.
Hasta ahí todo bien. Sin embargo, el
banco no cumplió lo pactado. Desde el año pasado, cuando comenzaron a
expirar los primeros pagos, decretó cobros excesivos.
A partir de junio convocó a sus clientes
“aliviados” por la Web o teléfono para cobrarles sumas exorbitantes
que, según la entidad, corresponden a las cantidades rebajadas durante
los meses en que se les aplicó el beneficio, de una sola vez, a través
de lo que denominaron el “Cuotón”; que es superior 10 veces a la
cantidad rebajada multiplicada por el número de meses que operó.
Para los afectados, la letra chica se
graficó en un pagaré en blanco que firmaron y que concretó el descuento,
pero no recibieron documentación de respaldo a este trámite.
El engaño se grafica, entonces, en que
el descuento no era por tres años, sino por el total de las cuotas del
crédito. Ese “detalle”, explica que la deuda sea superior a siete
millones de pesos en todos los afectados, y no de tres millones y cifra,
que resultaría de multiplicar el plazo de rebaja por el monto de la
misma. El banco aplicó intereses que superan el 70% anual, muy por sobre
el máximo convencional del año 2008 en adelante.
Desde el banco dicen que a los clientes
se les hizo llegar “el monto que se les cobra, es lo que ellos pactaron
en el producto y que correspondería a lo que los deudores hipotecarios
que aceptaron ese producto deben al banco por las rebajas en los
dividendos”.
La versión del banco añade que sus
clientes tienen dos formas de pagar el “Cuotón”: de una sola vez
(cuestión imposible para los deudores), o pactar un nuevo crédito
hipotecario, a un plazo de 20 años, el que abarcaría el total del primer
crédito, más el denominado “Cuotón”. Si no realizan esta gestión, o
firman cuanto antes el nuevo hipotecario, el banco amenaza con cobrar
judicialmente el pagaré en blanco que firmaron al momento de convenir el
“Alivio”.
PERDER LA CASA
Son más de un centenar los estafados. Si
se hace una estimación de lo que pagaría cada uno, el banco recaudaría
más de 500 millones de pesos por concepto de fraude.
María Torres, profesora
iquiqueña y madre, buscaba un apoyo para reducir sus gastos.
Finalmente, terminó pagando más. Cancelaba 240 mil pesos de dividendo,
que se rebajó con este producto en 50 mil pesos. Es decir, la cuota
quedó en $190.000. Cuando terminó los 36 meses la llamaron del banco
informándole que debía 9 millones de pesos…
Hoy debe pagar $217.000, más la cifra del “Cuotón” que equivale a $67.000 por veinte años. Mientras que a su hermano Roberto, le quitaron la casa.
“Cuando me enteré quedé helada (…) Los
ejecutivos se coludieron, emanaron órdenes a su personal para engañar a
la gente y ligarlas a este producto, porque si no lo hacían los
despedían. Los obligaron a mentir, dándoles bonos también”, cuenta.
La mujer añade que “me hicieron firmar
en blanco. No me dijeron que yo había firmado por 7 millones de pesos.
Me enteré tres años después que me habían agregado esta cifra”.
Decidió no pagar, lo que implica que el banco judicialice su deuda y con los intereses aumenten. La mayoría quedó en Dicom,
con demandas en su contra. Torres teme que le quiten su casa, y eso le
puede ocurrir a decenas de personas afectadas. “Lo que quiere el banco
es embargar a todos, porque saben que estas personas no pueden pagar. Si
a mi hermano le quitaron la casa, a cualquiera le puede ocurrir”, se
lamenta.
El banco respondió señalando que el
documento “pagaré” suscrito en blanco, constituye el instrumento que
actúa como contrato. Algo que Torres califica de ilegal.
Quien también está indignada es la santiaguina e ingeniera en comercio exterior, Andrea Alegría
(32). Tiene dos hijos y es madre soltera. “No pienso pagar. Hay gente
que ha tenido que repactar por obligación. Yo no voy a firmar ninguna
repactación, hasta que salga el resultado de la demanda colectiva”,
sostiene.
“Mi deuda va ya en 30 millones de pesos.
El banco me respondió que se me entregó la información necesaria y que
cada cliente sabía lo que firmaba. Algo que es mentira”, arguye la
profesional.
Alegría recurrió a la SBIF, el Sernac, Odecus y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus). Esta última entidad privada de consumidores fue la única que acogió su reclamo.
“Las instituciones nuestras no sirven para nada. He utilizado las redes y he mandado muchas quejas. El Sernac lo único que nos dice es: ustedes hagan la demanda. Le escribimos al Presidente (Sebastián) Piñera y nada”, critica con tono beligerante.
Como no obtuvieron una respuesta por parte de las autoridades, los afectados respaldados por la Conadecus presentaron una querella en contra del banco en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago,
a fines del año pasado y la ampliaron el 4 de febrero por los delitos
reiterados de usura, abuso de firma en blanco y estafa residual.
La Fiscalía Centro Norte, ordenó investigar el caso, llevado por la fiscal Giovanna Herrera, quien decretó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos
(Bridec) el 14 de enero. Los afectados están esperando que los citen a
declarar y que se haga justicia. No pierden la esperanza.
DEMANDA COLECTIVA
Varios medios de comunicación han omitido este fraude. Incluso TVN en
el programa “Esto no tiene nombre” censuró el tema, siendo que a muchos
afectados los entrevistaron en julio pasado, aunque en el noticiero 24 Horas se informó del caso y se habló de 300 afectados.
Conadecus, en agosto pasado interpuso una demanda civil colectiva en contra del Banco Santander, en el 4º Juzgado Civil de Santiago, por las cláusulas abusivas que advierte en los contratos del producto “Alivio Hipotecario”.
El trámite se llevó a cabo con la presencia del abogado a cargo de la demanda, Federico Joannon, y Hernán Calderón,
presidente de Conadecus, acompañados por un grupo de consumidores
afectados, quienes entregaron sus testimonios sobre esta mala práctica.
El ofrecimiento de este producto en
estas condiciones -dicen- era atractivo para los clientes, los cuales lo
aceptaron, firmando un pagaré en blanco. “El banco materializó la
rebaja, sin más explicaciones ni formalidades. No existió documentación
alguna de respaldo, incurriendo en severas infracciones a la Ley de
Protección de Derechos del Consumidor”, explica la entidad.
El presidente del organismo comentó el
asunto. “No corresponde lo que hizo el banco. Queremos que se les cobre
lo justo a la gente. Tiene que reestablecerse lo que el banco prometió.
Esto es un alivio, no una pesadilla”, dice.
La gente quiere una pronta solución,
aunque las demandas colectivas son de largo aliento. “Demoran entre
cuatro y cinco años en resolverse. Mientras tanto, buscaremos la forma
en que estas personas no pierdan sus viviendas, porque tienen que estar
protegidas, pero eso lo tiene que determinar la justicia, mientras dure
el proceso”, apunta Calderón.
Repactar es aceptar las condiciones que
pone el banco. “El llamado a los afectados es que se acerquen a
Conadecus para que puedan asesorarse con nuestros abogados (…) Ellos
determinarán si es factible o no congelar el pago o repactar, según las
condiciones de cada uno”, sugiere el dirigente.
Mientras que el Sernac sólo realizó una
mediación, como lo hace siempre cuando recibe un reclamo, ante cuya
gestión el banco entregó una respuesta, la cual le fue comunicada a los
afectados. “Tenemos facultades para, a través de una mediación, buscar
soluciones en una etapa extrajudicial (…) Si la respuesta es
insatisfactoria para los consumidores, ellos tienen la posibilidad de
exigir sus derechos ante la justicia, y serán los tribunales quienes
finalmente determinen. Como Sernac nos hacemos parte en aquellas causas
que afecten el interés general de los consumidores”, justificó la
institución.
Por Gabriel Angulo
El Ciudadano Nº140, marzo 2013
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