Frente Amplio Unitario

Universidades desacreditadas y otras que se terminan: Cómo el lucro arrasó con la institucionalidad universitaria

Por Alejandra García

El inédito cierre de la Universidad del Mar, el procesamiento de dos rectores y del ex presidente de la CNA, denuncias de sobornos, sociedades espejo y sobresueldos son algunas de las aristas de un caso que puso en jaque al sistema de educación superior, donde ni siquiera las casas de estudios públicas y tradicionales están libres de polvo y paja.

Desde todos los sectores expertos en educación coinciden en que las denuncias en torno a la Universidad del Mar son apenas la punta del iceberg de un problema que afecta todo el sistema y que tiene varias aristas, algunas de ellas amarradas por ley.

Entre estas la primera es la controvertida LOCE, legislación que dejó como herencia la dictadura de Pinochet, y que especifica que las universidades son fundaciones sin fines de lucro. A esto se suman la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación - que permitió la creación de la cuestionada Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y las agencias acreditadoras- y la norma del Crédito con Aval del Estado (CAE), que restringe la entrega del beneficio a los alumnos de instituciones acreditadas.

Agreguemos otra decena de antecedentes que hay que tener en cuenta a la hora de analizar el tema, como por ejemplo, el financiamiento de las instituciones, los sistemas de becas, el tratamiento de los conflictos de intereses, el control de las fundaciones creadas al amparo de universidades tradicionales o estatales, los estándares de acreditación y, especialmente, el futuro de miles de estudiantes que están en un sistema que no les garantiza una educación de calidad y que durante años se han manifestado contra el lucro en la educación. Ante la gravedad de los hechos las respuestas del gobierno han sido tardías. Los dardos de la oposición apuntan al ministro de Educación, Harald Beyer, quien recientemente envió con urgencia un proyecto de ley al parlamento para terminar con la CNA, sólo uno de los componentes de este escándalo.

La Universidad "del Mal"

El juego de palabras que refleja la imagen que los propios alumnos tenían de su casa de estudios. El proyecto educativo de una institución inclusiva, con presencia en todo el país, fue sepultado por las denuncias de irregularidades que detonaron cuando se dieron a conocer contratos con empresas inmobiliarias que evidenciaban lucro y las acusaciones de cohecho y lavado de activos que mantienen en prisión preventiva al ex rector Héctor Zúñiga.

Recientemente, el Consejo Nacional de Educación pudo la lápida a la casa de estudios al acoger la petición del ministerio para cancelar la personalidad jurídica a la Universidad del Mar.

La inédita medida afecta a más de 16 mil estudiantes, cuyo futuro es incierto, pero además sienta un precedente que debe tener a varias universidades en ascuas. Al menos a todas las que fueron acreditadas por uno o dos años, a las que fueron nombradas en el rechazado primer informe del lucro, a las que operan con sociedades espejo y a las que pagan sobresueldo a sus docentes.

La situación se ve compleja y tanto los alumnos, como los cerca de cuatro mil funcionarios de la universidad están dispuestos a dar la pelea para no quedar de brazos cruzados.

Hasta el momento lo único que está claro es que el ministro Beyer no garantizó la reubicación de todos los alumnos. El tema ha sido largamente discutido en el gobierno y el secretario de Estado deberá explicar a la Cámara de Diputados cómo se enfrentará una situación que, a medida que pasan los días, se ve más compleja.

"Terminar con las soluciones de parche"

Mientras desde Iquique a Punta Arenas los alumnos de la Universidad del Mar han iniciado una escalada de protestas y tomas indefinidas, la polémica también se encendió en el ámbito político. Y en lo que ya es una costumbre, desde el oficialismo acusaron haber "heredado" el problema de los gobiernos de la Concertación.

No se quedaron callados los ex ministros Mariana Aylwin, Mónica Jiménez y Sergio Bitar, quienes coincidieron en que durante los gobiernos de la Concertación no se generaron las "condiciones políticas" para una discusión de fondo a causa de las trabas que puso la derecha y que ahora que son gobierno debe demostrar que tiene voluntad.

Entrevistado por Cambio21, el ex ministro Bitar insistió en que la Universidad del Mar fue acreditada durante el actual gobierno y que el camino recorrido para llegar a este nivel de irregularidades fue pavimentado por la derecha económica: "Hay un problema de fondo, y es que Chile tiene el récord mundial de educación privatizada y este es un caso prototípico que demuestra que este gobierno tiene una mirada distinta de lo que necesita el Chile de hoy y, por lo tanto, todo lo hace a tropezones".

Señaló que la falta de proyección, la improvisación y el poco interés del gobierno quedan en evidencia con los continuos cambios de ministros y afirmó que sólo han actuado cuando se han visto presionados. "tres ministros no han sido capaces, porque han tenido una mirada del problema muy anacrónica. Lo que están haciendo es un poco forzado. Yo espero que la presión social los lleve a una solución que no sea de parche".

La Comisión Investigadora del lucro

El 19 de julio pasado la Comisión Investigadora del lucro dio a conocer sus lapidarias conclusiones. El informe fue rechazado por el oficialismo. La presidenta de la instancia, la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, lamentó la poca visión de lo grave que era el problema: "El parlamento se perdió una tremenda oportunidad de decirle al país que se pueden hacer las cosas en serio. Nos adelantamos a un problema que se veía venir y que lo dijimos a viva a voz y con mucha fuerza en la Cámara, pero lamentablemente votaron en contra."

Entrevistada por Cambio21 recordó que está primera comisión planteó la firme convicción de la existencia de lucro, dio a conocer el modus operandi de las instituciones para evadir la ley y planteó la posibilidad de que sea una práctica extendida en el sistema: "La universidad del Mar es la punta del iceberg en relación a lo que existe en las universidades. Hay que regular las sociedades espejo, revisar los aranceles, las reinversiones. Había varias propuestas importantes de poder tomar, pero lamentablemente el ministro miró para el techo y dijo que no tenía importancia."

La parlamentaria se mostró esperanzada en que la segunda comisión que se formará sea escuchada y sus resultados sean concluyentes, al tiempo que no descartó que otras universidades, ya sean públicas o privadas, sean investigadas, por cuanto lo importante es operar con total transparencia, sin rehuir todas las denuncias.

"No hay peor ciego que el que no quiere ver y el ministro siempre ha sido así. No ve lo que todo Chile está diciendo. Hay una negligencia que tiene nombre y apellido. Este ministro reiteradamente no toma las decisiones que le corresponden. Es un error sólo abordar un tema en particular por la connotación pública que tiene. Yo esperaría que él de verdad hiciera algo distinto y revisara el sistema completo, pero no lo quieren hacer, no hay voluntad política para eso".

Otra ley parche

Fiel a su estilo de cambiar los nombres, el gobierno anunció con bombos y platillos la creación de la Agencia Nacional de Acreditación de la Educación Superior, que reemplazará al actual Comisión Nacional de Acreditación.

Al hacer el anuncio el presidente Sebastián Piñera fue enfático en señalar que las irregularidades y las dudas del sistema "se terminan con este nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, estamos dando un paso importante para que la educación superior en nuestro país sea una educación de calidad".
Sin embargo, existen fundadas aprensiones para pensar que muchos de los cambios son sólo cosméticos y que nuevamente el trasfondo del problema permanecerá inalterable, por cuanto la nueva normativa no se refiere al controvertido tema del lucro en la educación superior, pues sólo se circunscribe a la acreditación.

Los cambios más sustanciales tienen que ver con la conformación de los consejeros y con los años de acreditación. Sin embargo, a juicio de los expertos, es poco lo que se podrá avanzar en la transparencia del sistema si no se modifican otras leyes asociadas, como la que permite el lucro o la que creó el CAE, que liga la entrega de estos recursos a que la institución esté acreditada.

Otra modificación tiene que ver con los años de acreditación. Antes podían ser entre uno y siete, mientras que ahora las instituciones que acrediten lo harán por seis años, con un periodo de gracia de tres años para las que demuestren debilidades que puedan ser subsanadas. Si esto no sucede quedarán sin reconocimiento estatal.

Al conocer los primeros detalles de esta nueva normativa, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y miembro de la Confech, Andrés Fielbaum, recalcó que "mientras no se solucione el aspecto del lucro y sus distintas maniobras para desviar los fondos que entrega el Estado, cualquier tipo de sistema acreditador será insuficiente".

El nuevo presidente de la CNA, Matko Koljatic, señaló a Cambio21 que, si bien en un principio no conoció el proyecto, éste recoge los planteamientos de la OCDE al respecto. "El área chica es el congreso, ahí es donde se va a dar la discusión y ojalá puedan concurrir a ella todos los participantes", dijo.

Mucho más reticente se mostró el ex secretario ejecutivo del organismo Patricio Basso. En conversación con Cambio21 afirmó que "no tengo expectativas del proyecto. Nosotros en julio hicimos un planteamiento de que para resolver los problemas más urgentes se requeriría una ley corta, que modificara los aspectos esenciales de la actual ley, mientras se discutía con más calma una nueva. Pero la obstinación del gobierno de presentar una ley y obligar al Parlamento a discutirla en forma apurada me parece que va a tener un mal resultado".

En la misma línea, el ex ministro Sergio Bitar consideró que "no basta con el cambio de la Comisión de Acreditación o la creación de la Superintendencia, que son pasos positivos, pero si no modificamos la ley orgánica constitucional y no reforzamos las universidades del Estado y damos mas atribuciones al sector publico para defender el bien público, esto puede tener otras recaídas".

En ese sentido, señaló que el actual Ejecutivo es "cosista, no tiene visión, no sabe hacia adonde camina como estrategia, no tiene un concepto de lo que es la educación superior en la sociedad contemporánea y, por lo tanto, arremete con propuestas chicas de discusión inmediata que al final no dan cuenta del problema, sólo van saliendo del paso, pero no reforman el sistema en su conjunto".

El financiamiento de la educación superior

El gasto público constituye una mínima parte del gasto total en el sector. Las familias aportan más del 80% del financiamiento.

Fue en la década de los 80 cuando se gestó el actual panorama de la educación. Entre otras cosas, la reforma educacional permitió que de un reducido y selecto grupo de dos universidades estatales y seis privadas, el universo de la educación superior creciera hasta alcanzar 60 universidades en la actualidad, algunas de ellas derivadas de las sedes regionales de las estatales.
Nuestro país estaba en plena dictadura militar, las universidades tradicionales fueron intervenidas y sus recursos fuertemente mermados. Con la reforma, la asignación de recursos fiscales se asoció a instrumentos de financiamiento a la demanda y de promoción de la competencia entre instituciones.

De este modo se crearon dos fuentes de subsidio público, el Aporte Fiscal Directo AFD, destinado a las instituciones existentes antes de 1981, y el Aporte Fiscal Indirecto AFI, que se entrega a todas las instituciones de acuerdo a estándares de calidad.

Estas medidas impulsaron a las universidades a cobrar aranceles y se creó un crédito para los alumnos de universidades estatales y privadas existentes hasta antes de 1981 y sus derivadas, que son las que actualmente conforman el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Cruch.

Un día antes de que finalizara la dictadura, el régimen de Pinochet dejó amarrada otra ley, la N.º 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que señala que las Universidades "...serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial". La modificación a la norma realizada posteriormente, que dio paso a la actual LGE, no contempló este artículo.

Desde la recuperación de la democracia en 1990, la educación superior chilena ha aumentado considerablemente su cobertura, permitiendo el acceso a la educación superior de un millón de chilenos.

Especial relevancia en este punto fue la ley 20.027, que creó el Crédito con Garantía Estatal, que permitió que por primera vez, en el año 2005, los estudiantes de las universidades que estaban fuera del Cruch recibieran apoyo del Estado, abriendo las puertas de la educación superior a miles de estudiantes de escasos ingresos.

Sin embargo, el gasto público en educación superior constituye una mínima parte del gasto total en el sector (cerca del 15%). Las familias aportan más del 80% del financiamiento, a través del pago de aranceles. La mayor parte de los recursos públicos se asigna mediante modalidades de financiamiento a la demanda, a través de becas y créditos.

La Universidad de Chile en la mira

La Contraloría tiene en la mira a la Universidad de Chile por la forma en que operan sus fundaciones relacionadas y los subterfugios que utilizan para pagar sobresueldos que permitan retener a los docentes.
"Se están utilizando fondos de todos los chilenos para pagar sobresueldos y millonarias asesorías". Así de enfático es el diputado Gustavo Hasbún al referirse a este tema, que los llevó a él y a otros parlamentarios de la UDI a solicitar hace un mes y medio una investigación a la Contraloría.

Dijo a Cambio21 que hay "antecedentes aportados por funcionarios de la propia universidad quienes claramente han advertido de sobresueldos que se pagan a través de fundaciones a docentes que, pese a tener jornada completa, hacen media jornada en la U y el resto en planteles privados".

Agregó que "si queremos transparentar la situación de la educación universitaria, es importante tener claridad sobre todos los antecedentes". Detalló que parte de la denuncia está relacionada con la Fundación Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde hay profesores que "ha recibido honorarios de la fundación y como parte de la Consultora Asesorías Socioeconómicas Ltda".

El parlamentario rechazó a quienes defienden el método de pagar asesorías para retener a los docentes pues, "siguiendo la misma lógica tendremos un nuevo MOP Gate y eso es un delito. Si se quiere justificar el pago de sobresueldos pensando que es una buena práctica, yo creo que no es la forma. Si se necesitan más recursos, que esto se transparente, pero no se puede seguir disfrazando el gasto de fondos que son de todos los chilenos. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir que todas las personas que son responsables paguen con cárcel si es necesario, porque nosotros no vamos a aceptar que se esté jugando con plata de todos los chilenos".

Enfatizó en que "los mismos que critican el lucro son los que lucran en la Universidad de Chile", lo cual "demuestra que tienen un doble estándar grosero y que son personas que no tienen ningún tipo de seriedad al momento emitir juicios de valor."

Los vínculos de la CNA, las agencias acreditadoras y los pares evaluadores

En septiembre de 2011 un reportaje de Ciper Chile alertaba respecto a que durante el 2010 todas las universidades que se presentaron al proceso de acreditación lo habían logrado durante la presidencia de Eugenio Díaz en la CNA. En tanto, cerca de un millar de carreras han sido acreditadas por algunas de las ocho agencias autorizadas para funcionar en el país.

Ambas instancias - CNA y agencias- fueron creadas bajo la ley 20.129, de aseguramiento de la calidad de la educación.
La Comisión Nacional de Acreditación es un organismo de carácter público y autonómo, que tiene como fin verificar y promover la calidad de las instituciones de educación superior y los programas que estos imparten.

Por su parte, las agencias de acreditación son las instituciones responsables de acreditar carreras. Antes de iniciar sus actividades, deben solicitar su autorización a la CNA.

El procedimiento para entregar las acreditaciones no es fácil. En ambos casos las instituciones o carreras que se someten al proceso realizan un informe de Autoevaluación (IEA), donde dan cuenta de sus procesos y resultados en distintas áreas. Posteriormente, éste es remitido a un grupo de pares evaluadores, que -como el nombre lo señala- son especialistas de otras instituciones, contratados para verificar supervisar y verificar el proceso. Estos entregan otro informe y con ambos documentos a la vista la CNA o la agencia votan la acreditación.

Actualmente, la CNA está presidida Matko koljatic, nombrado por el Presidente de la República. Los otros integrantes son tres definidos por las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH), dos por las universidades privadas, dos por Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONACYT), dos representante de los estudiantes, uno de los centros de formación técnica, uno de institutos profesionales, uno del ministerio de Educación, uno designado por los otros miembros de la comisión como figura destacada de las asociaciones profesionales o disciplinarias y uno designado por los otros miembros de la comisión como figura destacada del sector productivo nacional.

Por su parte, el negocio de las agencias es bastante rentable. Cobran hasta ocho millones de pesos por proceso de acreditación. Muchos nombres en puestos claves o en los directorios de las agencias suenan más que conocidos en el ambiente académico, pues muchos tienen una vasta trayectoria, especialmente en universidades del Cruch.

Éstas son: Acredita CI (vinculada al Colegio de Ingenieros de Chile), Akredita QA (propiedad de ex rectores como Luis Riveros, ex mandamás de la Universidad de Chile; Manfred Max-Neef, ex rector de la Universidad Austral, y Ubaldo Zúñiga, ex rector de la Usach entre otros), Acreditacción (en su directorio destacan el académico Moisés Silva y Juan José Villavicencio, ex rector de la Unicyt), Agencia Acreditadora de Chile (vinculada a Pablo Barahona, fundador de la Universidad Finis Terrae, y Óscar Cristi Marfil -hermano de la diputada María Angélica Cristi-, ex rector de la Universidad de Los Andes), Quilitas (ligada a la Universidad Católica y al DUOC UC), Agencia Acreditadora de Ciencias de la Salud (liderada por el ex decano de la PUC Gonzalo Grebe Barros), y Apice Chile (ligada a la Asociación Chilena de Facultades de Medicina, Asofamech y al colegio médico).

 

FUENTE: CAMBIO 21