Frente Amplio Unitario

Tras dictamen de Contraloría las horas del director de Impuestos Internos parecieran estar contadas. De todos los sectores piden su salida

Por María Kovacz
El escándalo por el millonario perdonazo de casi 120 millones de dólares a la empresa Johnson's, donde la Contraloría concluyó que el director Julio Pereira, en la foto, tenía conflicto de interés, tiene al funcionario de la administración de Piñera pendiendo de un hilo.

Julio Pereira (pro RN), director del Servicio de Impuestos Internos sigue siendo el principal protagonista del bullado millonario perdonazo a la tienda Johnson`s, actualmente propiedad del empresario de origen alemán nacionalizado por gracia Horts Paulmann, el cuál constó de la nada gigantesca suma de 59 mil millones de pesos.

Según la Contraloría General de la República, el conflicto de interés en la situación es innegable.

En otros términos, la millonaria condonación consistió en que la empresa de retail sólo debió cancelar 8 millones de dólares, en vez de US$ 119 que en verdad debía. Contraloría quiso seguir indagando y ordenó la realización de un sumario administrativo, para determinar la responsabilidad del subdirector jurídico del SII, Mario Vila (pro UDI).

El portal The Clinic publicó el dictamen de Contraloría, donde se establece que Pereira irrespetó las normas de probidad y abstención que se le exige a todos los funcionarios públicos, ya que en conjunto con Mario Vila participaron directamente en la decisión de dar el famoso perdonazo a Johnson´s. Aumentado la gravedad del asunto, Pereira hizo esto, a pesar de mantener vínculos con la consultora Price Waterhouse (Pw), asesora directa de Johnson´s, y lugar donde trabajaba hasta el momento de asumir sus funciones bajo la administración del actual gobierno.

Esta irregularidad había sido previamente denunciada a través de un oficio por la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (Afiich), cuyos directivos acusaron que ambos funcionarios no se habrían inhabilitado del proceso de condonación de la deuda tributaria, sino que además habían participado activamente y tomaron decisiones fundamentales respecto a ello.

Tal oficio fue enviado a la Contraloría, en el que se exigía la renuncia de los directivos, debido a "el daño que se le ha causado al servicio con mayor prestigio en la administración pública".

Ante esto, el aún director aseguró que su participación en la empresa consultora no lo eximía de la labor de su cargo porque "no es una decisión que sea posible adoptar respecto de conflictos de interés meramente potenciales".

Pereira declaró que para analizar este caso, se había creado un equipo multidisciplinario, debido a las cifras involucradas y que lo mantenían permanentemente informado respecto de los avances, lo que demuestra su participación en la operación.

La culpa es del que le da el afrecho...

El parlamentario y quien fuera el presidente de la Comisión Investigadora encargada de fiscalizar el conflicto, Fuad Chahín (DC), fue más que categórico al decir que "no se entiende que el ministro de Hacienda aún no pida la renuncia a Julio Pereira y por consiguiente al subdirector jurídico Mario Vila".

Sobre el dictamen de Contraloría, Chahín agregó que "no se entiende la defensa corporativa que han hecho el Ministro de Hacienda y el propio Gobierno, a pesar del desprestigio y daño que han provocado".

Otro integrante de la Comisión Investigadora de la Cámara, Patricio Vallespín, también es claro respecto al tema. Afirmó a Cambio21 que "yo creo que el dictamen de contraloría reafirma lo que se viene diciendo hace mucho tiempo".

Pero el parlamentario es mucho más tajante al asegurar que "en este caso, la principal responsabilidad es del ministro de Hacienda (Felipe Larraín), ya que desde hace mucho tiempo que se le viene informando de esta situación, pero nunca hizo nada al respecto". Adujo además que "el ministro debe entender que estos funcionarios ya no pueden seguir ejerciendo, porque desde varios meses atrás hasta la fecha están sembrando todo un manto de dudas al sistema de recaudación nacional de impuestos".

Además agregó: "¿Hasta cuándo esta política de proteger a los grandes contribuyentes en desmedro de los más pequeños? La opinión pública está indignada y, con justa razón, esto además de ser un escándalo, es una vergüenza y una bofetada para los ciudadanos y pequeños contribuyentes".

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, señaló "ya basta de enlodar la imagen pública que tiene nuestro servicio, por años de experiencia, profesionalismo, probidad en su funcionamiento. Lo que ha dispuesto la Contraloría es de suma gravedad y los funcionarios ya estamos cansados de que las autoridades tras 8 meses aún no les pidan la renuncia".

Por su parte, la presidenta (S) de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, Marión Cortés, instó a los diputados a aprobar el informe de la Comisión Investigadora, el que se votará en los próximos días. "También queremos hacer un llamado a las autoridades de este país, presentes y futuras: Nunca más un director del Servicio de Impuestos Internos con conflictos de intereses", estableció.

FUENTE: CAMBIO 21