“No solo queremos ser escuchados, queremos incidir en la política nacional de urbanismo”
Narayan Vila
El Ministerio de Vivienda lideró una serie de reuniones a lo largo del país en que tomó nota de las observaciones que realizaron agrupaciones sociales al borrador de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que debería materializarse en un proyecto de ley en marzo. Sin embargo, actores de la sociedad civil acusaron una asistencia nominal y que sus planteamientos no son vinculantes. "Es para cumplir con la ley y decir que efectivamente hay participación ciudadana", acusan.
Este lunes culmina en Caldera, región de Atacama, la ronda de reuniones que ha sostenido el Ejecutivo con diversas agrupaciones sociales.
Fueron 15 talleres, uno por región, donde el ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó el borrador de la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano.
Una futura política pública que debería ingresar al Congreso el 31 de marzo y que aborda soluciones para diversos problemas, como la falta de espacios públicos y áreas verdes, la congestión vial, el debilitamiento de la vida de barrio y la pérdida del patrimonio histórico.
Patricio Herman, coordinador de Defendamos la Ciudad, señaló que en Santiago las políticas urbanas han sido erradas, especialmente en lo que dice relación con vialidad y la escasez de plazas y parques, lo que, sumado al modelo de libre importación de automóviles, tiene nefastas consecuencias para el medio ambiente.
Esta situación, a juicio del experto, se puede revertir con un verdadero proceso de descentralización: “Esto genera cualquier cantidad de externalidades negativas, como la pésima calidad del aire, consecuencia de las emisiones tóxicas que expelen los motores de combustión interna. Yo creo que el tema de fondo es terminar con la concentración de actividades en la región Metropolitana. Que los gobiernos asuman sus responsabilidad como verdaderos estadistas -que lamentablemente en Chile no hemos tenido- para que impulsen políticas de verdadera regionalización”, dijo.
Sobre el proceso de socialización del borrador, Patricio Herman acusó doble estándar de parte del Gobierno, en su real intención de impulsar un modelo de desarrollo urbano amable con el medioambiente.
“Por un lado, se intentan hacer las cosas bien. Pero por otro lado, estamos notando una especie de laissez faire respecto de una serie de situaciones irregulares. Pongo el caso del mall de Castro, un proyecto inmobiliario absolutamente ilegal. Después de ocho meses de estudio, la Contraloría General declara la ilegalidad de diferentes situaciones, pero las cosas llegan hasta ahí. El ministerio no toma acciones, como entregar todos los antecedentes al Ministerio Público”, explicó.
Rosario Carvajal, presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, fue más frontal en el diagnóstico y cuestionó el real impacto que tenga la opinión de las organizaciones sociales en el documento final, afirmando que sólo es una puesta en escena: “No vemos más allá de las palabras de buena crianza y los discursos. Claro, dices lo que quieres decir, sientes que te escuchan y que toman nota, pero de ahí no creo en lo absoluto que se vaya a implementar lo que estamos proponiendo. Estas instancias son más bien para cumplir con la ley y decir que efectivamente hay participación ciudadana, pero no queremos solo ser escuchados, queremos incidir en la política nacional de urbanismo. Eso no está en esta instancia, cuando te invitan a participar no son instancias vinculantes”, afirmó.
Rosario Carvajal, que, al igual que Patricio Herman asistió a los talleres impulsados por el Minvu, fue enfática en afirmar que este Gobierno y el anterior se caracterizaron por ser “bastante ignorantes en materia de conservación de barrios y ciudades”.
La especialista acusó al Ejecutivo de desarrollar una política contraria a la preservación patrimonial y sólo dedicarse a la construcción de edificaciones: “En el tema patrimonial, lo que compete al ministerio de Vivienda es el artículo 60, donde a través de los planes reguladores comunales se declaran los inmuebles y zonas de conservación histórica. Muchos de los inmuebles de conservación histórica pasan al seremi de Vivienda para desactivar esta categoría y, por lo tanto, poder ser demolidos. Eso es una facultad legal que corresponde a cada seremi de Vivienda. En muchos casos hemos solicitado que no den curso a la desactivación de esta categoría y no hemos sido escuchados”, señaló.
Rosario Carvajal dijo que las agrupaciones ligadas a la materia están “agotadas de participar en las distintas instancias convocadas por el Gobierno”, por lo que invitó a las autoridades a participar del II Congreso de Barrios y Zonas Patrimoniales, para escuchar realmente a la ciudadanía”, según remarcó.
FUENTE:RADIO U DE CHILE
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